Despierta.

En 1932, Carl Schmitt formula la tesis menos cómoda y más útil de la teoría política contemporánea: lo político no se define por el bien y el mal, ni por lo bello y lo feo, ni por lo rentable y lo ruinoso. Se define por la distinción amigo/enemigo. Una colectividad existe políticamente cuando puede señalar al otro como amenaza existencial. Schmitt no estaba describiendo una patología: estaba describiendo cómo se construye la cohesión interna de cualquier grupo.

Chantal Mouffe, leyendo a Schmitt sin abrazarlo, distinguió entre antagonismo (el otro como enemigo a destruir) y agonismo (el otro como adversario legítimo con el que se compite por el poder dentro de las reglas). La democracia liberal se sostiene sobre el segundo. Cuando se desliza hacia el primero, el sistema institucional empieza a crujir. Levitsky y Ziblatt lo formularon como receta empírica en Cómo mueren las democracias (2018): las democracias no caen por golpe militar; caen cuando los partidos dejan de tratarse como rivales y empiezan a tratarse como enemigos cuya derrota total es legítima, incluso necesaria.

Y aquí entra la pieza que cierra el círculo. Shanto Iyengar (2012) y Lilliana Mason (2018) midieron en EE.UU. lo que llamaron polarización afectiva: no el desacuerdo en políticas (que ha crecido poco en cuarenta años) sino el desprecio hacia los votantes del otro bando (que se ha multiplicado por tres). La gente ya no discrepa; se odia. Y odiar al adversario es una experiencia funcional: cohesiona la propia tribu, simplifica la decisión de voto, y libera de la obligación de proponer.

El proceso descrito por Iyengar y Mason está documentado en España con datos propios y recientes. Catorce de cada cien españoles adultos (cinco millones de personas) han roto relaciones con amigos o familiares por motivos políticos en el último año, según el Atlas de la polarización en España 2025 de More in Common (más de 2.500 entrevistas, octubre-noviembre 2025). Seis de cada diez evitan hablar de política para no discutir; un 65% percibe la sociedad como muy o algo dividida.

La distancia afectiva entre votantes rivales, medida en termómetro 0-10, es brutal. Según la IV Encuesta Nacional de Polarización del CEMOP-Universidad de Murcia (2024), un votante medio del PSOE puntúa a Pedro Sánchez con un 7,3 y a Santiago Abascal con un 0,7; un votante medio de Vox hace lo simétrico, un 8,1 a Abascal y un 0,6 a Sánchez. La distancia entre lo propio y lo ajeno supera los siete puntos sobre diez.

El indicador agregado de polarización afectiva (API de Reiljan, 2020) en España pasó de 3,98 en 2021 a 5,20 en 2024: un crecimiento del 30,6% en tres años. El nivel de 2024 ya supera el del bipartidismo prepandemia (5,02 en 2008). En 2025 la cifra retrocedió ligeramente a 4,94, primer descenso en cinco años, pero la tendencia de la década es inequívoca.

La percepción ciudadana lo confirma. El 81,7% de los encuestados en 2024 afirmaba que la crispación política es mayor que hace cuatro años; sólo un 3,6% la consideraba menor. Y la confianza en los partidos como institución es la más baja de la sociedad española: 2,5 sobre 10 en el estudio de la Fundación BBVA Confianza en la sociedad española 2025, por detrás de jueces, periodistas y banqueros.

No es paradoja: es coherencia. La confianza baja porque la propuesta es escasa; la atención al conflicto sube porque es barato de producir y caro de ignorar.

La fabricación de enemigos no es irracional. Es funcional para tres actores. El primero, los partidos: proponer una reforma fiscal o una política natalista cuesta votos en las facciones internas que esa reforma incomoda; señalar al enemigo cohesiona sin dividir. El segundo, los medios cuya economía depende de la atención: el conflicto identitario es barato de producir y rentable de distribuir. El tercero, las plataformas tecnológicas globales: cada hora que la conversación pública dedica al pronombre del día es una hora que no dedica a la regulación fiscal de la IA o a las condiciones laborales de los repartidores.

El statu quo gana por defecto cuando el debate sustantivo no se produce. Y el statu quo, en 2026, significa: pirámide demográfica invertida, deuda creciente, Estado del bienestar sin financiación futura, y una transición tecnológica que se decide fuera del perímetro español.

La consecuencia más preocupante asoma en la encuesta CEMOP de 2024: preguntados si «cuando el país está en peligro, los líderes deberían actuar incluso si eso supone alterar los procedimientos habituales», los españoles puntúan de media 6,2 sobre 10. Una mayoría dispuesta, en abstracto, a aceptar atajos al procedimiento democrático. Cuanto más enemigo es el adversario, más razonable parece saltarse la norma para detenerlo. Es exactamente la arquitectura que Levitsky y Ziblatt describen como antesala del deterioro institucional.

No con purgas ni con prohibiciones. Mouffe lo formuló con precisión: el camino no es eliminar el conflicto (utopía liberal ingenua) ni absolutizarlo (Schmitt aplicado), sino domesticarlo dentro del marco institucional. Adversarios, no enemigos. Levitsky y Ziblatt lo traducen a recomendaciones concretas: instituciones blindadas frente al uso partidista, normas no escritas (forbearance, autocontrol) reactivadas, y la cláusula de no demonización del rival como condición de funcionamiento del sistema.

Para el ciudadano la pista es más sencilla. Cuando un partido te ofrece sobre todo un enemigo, y la propuesta queda en segundo plano, está fabricando cohesión barata a costa de tu atención. Cuando un medio define la jornada por el agravio del día, está transfiriendo la conversación pública al territorio donde es más fácil polarizar y más difícil decidir. La V Encuesta CEMOP (2025) lo recoge sin pudor: los españoles puntúan con un 8,3 sobre 10 la idea de que «los medios buscan influir la opinión pública para promover un punto de vista», y con un 4,1 que «los medios son fuente fiable de información». El instrumento mediador de la deliberación está roto a los dos lados de la grieta.

Y existe una vía no electoral cuando la institucional falla: la acción colectiva. Cuando los partidos no actúan, las class actions y las demandas masivas funcionan como respuesta ciudadana de presión concreta. La acción colectiva representativa española y la litigación masiva tienen mecánica propia, plazos y jurisprudencia documentados. El derecho ofrece un espacio de respuesta paralelo que no depende del ciclo electoral.

El test que precede a esta página mide tu posición ideológica en nueve ejes. El indicador de distancia afectiva que aparece en tu resultado mide otra cosa: cuánto has interiorizado el marco amigo/enemigo. Las dos métricas son independientes. Se puede tener convicciones firmes sin desear que el otro desaparezca. La diferencia entre las dos cosas es, probablemente, lo que más importa hoy.