En 2026 se han mezclado dos cosas con el mismo nombre. Una es una iniciativa legislativa popular que pedía una regularización extraordinaria y que el Congreso admitió a trámite en 2024. La otra es una autorización nueva, el «arraigo extraordinario», que el Gobierno aprobó por real decreto en abril de 2026. No son el mismo instrumento, y solo la segunda llegó a aplicarse.
Qué estableció el Real Decreto 316/2026
El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril modifica el Reglamento de extranjería (Real Decreto 1155/2024) y entró en vigor el 16 de abril de 2026. Añade dos disposiciones adicionales al Reglamento. La vigésima abre una autorización de residencia por arraigo a quienes hubieran presentado antes del 1 de enero de 2026 una solicitud de protección internacional. La vigesimoprimera crea el arraigo extraordinario.
Podían pedirlo las personas que «se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026». La disposición adicional vigesimoprimera exige, de forma acumulativa:
- ser mayor de edad, estar en España al presentar la solicitud y no tener autorización de estancia o residencia;
- haber permanecido en España de forma ininterrumpida durante los cinco meses anteriores a la solicitud;
- carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud públicas. Tener antecedentes en el informe policial no supone por sí solo la denegación;
- haber pagado la tasa.
Además, había que cumplir al menos una de tres condiciones: haber trabajado en España o presentar una oferta de trabajo o una declaración responsable de actividad por cuenta propia; vivir en España con hijos menores, con hijos mayores con discapacidad que requiera apoyo o con ascendientes de primer grado; o estar en situación de vulnerabilidad, acreditada por las entidades de asistencia social competentes. Para trabajar, el contrato o la suma de contratos debía durar más de noventa días en un año.
El plazo para presentar la solicitud terminaba el 30 de junio de 2026. Desde la comunicación de inicio de la tramitación, la persona quedaba habilitada de forma provisional para residir y trabajar. La resolución debía llegar en tres meses y, pasado ese plazo sin notificación, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo. La autorización concedida dura un año.
La disposición transitoria segunda también cambió las solicitudes de arraigo presentadas desde el 20 de mayo de 2025 que aún estaban en trámite: para concederlas bastaba con haber estado en España antes del 1 de enero de 2026 y cumplir los requisitos generales del arraigo extraordinario. Y el decreto derogó la disposición transitoria quinta del Reglamento, sobre «autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo»; las solicitudes que ya se hubieran presentado por esa vía solo requieren no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Las vías de arraigo que ya existían
El arraigo ordinario no se creó en 2026. El Reglamento de 2024 lo regula en los artículos 124 a 132 y distingue cinco tipos: de segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar. Duran un año, salvo el familiar, que dura cinco.
El requisito general (artículo 126) es haber permanecido en España de forma continuada al menos dos años antes de la solicitud; el arraigo familiar no exige ninguna permanencia mínima. Cada tipo suma el suyo: para el sociolaboral, contratos que garanticen el salario mínimo y sumen al menos veinte horas semanales; para el social, vínculos familiares con residentes y medios económicos equivalentes al 100% del IPREM, o un informe de integración de la comunidad autónoma.
La diferencia con el arraigo extraordinario está en el tiempo exigido (cinco meses frente a dos años), en que bastaba una de tres condiciones y en que el plazo para pedirlo era cerrado.
Cuántas solicitudes y cuántas autorizaciones
No hay una cifra oficial que pueda citarse. En las páginas de estadísticas del Observatorio Permanente de la Inmigración, tal como estaban archivadas el 2 de septiembre de 2026, no figura ningún dato de solicitudes ni de autorizaciones de este procedimiento. Tampoco se ha localizado en otra fuente oficial.
La iniciativa popular de 2024
La iniciativa legislativa popular «Proposición de Ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España» se presentó en el Congreso el 17 de agosto de 2023. El 9 de abril de 2024 el Pleno votó si la tomaba en consideración: 310 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.
Votaron a favor el PP, el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, el PNV, Podemos, el BNG, Coalición Canaria, UPN y José Luis Ábalos. Votó en contra Vox, con sus 33 diputados.
El 13 de junio de 2024 se debatió la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por Vox, que se rechazó por 315 votos en contra y 33 a favor. Solo votó a favor Vox. Desde el 26 de septiembre de 2024 la iniciativa permanece en la fase de informe de la comisión, y el 6 de octubre de 2026 la ficha del Congreso la da por «Concluido - (Trasladado al próximo Congreso)». No consta ninguna otra votación del Pleno sobre ella.
Otras votaciones de esta legislatura
26 de febrero de 2025. Una proposición no de ley del Grupo Mixto (Belarra), «relativa a la regularización de personas migrantes», votada en los términos de una enmienda del Mixto, EH Bildu, ERC y Sumar. Salió rechazada por 46 votos a favor, 183 en contra y 119 abstenciones. A favor votaron Sumar, ERC, EH Bildu y seis diputados del Mixto; en contra, el PP (salvo un voto a favor), Vox, Junts, el PNV y dos diputados del Mixto; el PSOE se abstuvo.
13 de marzo de 2025. Una proposición no de ley del PP «para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en materia de inmigración en todo el Estado». Su título no menciona la regularización. Se rechazó por 170 votos a 176. A favor votaron el PP y Vox; en contra, el PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu y el PNV.
16 de septiembre de 2025. Una proposición de ley orgánica de Vox «para restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo», que modificaba la Ley Orgánica 4/2000. No se admitió a trámite: 169 votos a favor, 177 en contra y una abstención. Votaron a favor el PP y Vox; en contra, el PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, el PNV, Podemos, Compromís, el BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos; UPN se abstuvo.
Una proposición de ley orgánica como la de Vox y una proposición no de ley como las otras dos no son lo mismo: la primera, de aprobarse, cambia la ley, y las segundas piden al Gobierno que actúe. La iniciativa popular de 2024 pedía regularizar y la de Vox de 2025 restringir el arraigo ordinario.
El Real Decreto 316/2026, al ser una norma del Gobierno, no pasó por el Congreso, y no consta votación sobre su contenido.
Fuentes. Real Decreto 316/2026, de 14 de abril (BOE núm. 92, de 15 de abril de 2026); Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, texto consolidado. Iniciativa popular: ficha de la iniciativa 120/000004 en el Congreso de los Diputados y votación del 9 de abril de 2024 en los datos abiertos. Resto de votaciones: registro nominal de la XV legislatura, votación del 16 de septiembre de 2025. Estadísticas: Observatorio Permanente de la Inmigración (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).
Cómo se ha calculado. Los requisitos y plazos se han leído en el texto publicado en el BOE. Las votaciones se han contado por partido a partir del registro nominal de cada sesión, con los diputados del Grupo Mixto asignados a su partido.