Régimen del 78.

«Régimen del 78» nombra el conjunto de reglas, escritas y no escritas, que rigen el acceso al poder político en España desde la Constitución ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de ese año. En ciencia política «régimen» es un término técnico y neutro. Philippe Schmitter y Terry Lynn Karl lo definieron en 1991 como el conjunto de pautas que determina los métodos de acceso a los principales cargos públicos, las características de los actores admitidos o excluidos de ese acceso, las estrategias que pueden emplear y las reglas que se siguen al tomar decisiones vinculantes; ese conjunto recibe luego una etiqueta genérica, de la que «democrática» es una y «autoritaria» u «oligárquica» son otras. Con esa definición Suecia tiene un régimen igual que lo tuvo Franco: la palabra describe la arquitectura, no la califica.

En castellano, sin embargo, la palabra no llega limpia. El franquismo se nombraba a sí mismo «el Régimen», en mayúscula y sin comillas: la Ley Orgánica del Estado de 1967 apela en su preámbulo a «la vitalidad jurídica y el vigor político del Régimen» y dice venir a «perfeccionar y encuadrar en un armónico sistema las instituciones del Régimen». Decir «régimen del 78» en vez de «democracia española» arrastra por eso una connotación antes del argumento, y funciona a la vez como descripción y como impugnación; quienes defienden el marco tienden a preferir «Constitución del 78» o «consenso del 78». Saberlo ayuda a leer un titular; no resuelve quién tiene razón.

El objeto que se nombra tiene fechas, y empieza antes de 1978. La pieza inicial es la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas en pleno del 18 de noviembre de 1976 y ratificada en referéndum el 15 de diciembre. Su artículo primero proclama que «la democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo», y su disposición final se autoatribuye «rango de Ley Fundamental»: el orden jurídico franquista se disuelve empleando sus propios instrumentos, sin ruptura legal. Esa maniobra se conoce como ir de la ley a la ley; el texto lo firma, como presidente de aquellas Cortes, Torcuato Fernández-Miranda. De ahí salen las elecciones del 15 de junio de 1977 y, de esas Cortes, la Constitución. Su artículo 1 fija el resultado (Estado social y democrático de Derecho, soberanía nacional en el pueblo español, monarquía parlamentaria) y su artículo 2 la tensión que sigue abierta: «la indisoluble unidad de la Nación española» junto al «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran».

La expresión no tiene autor ni fecha de acuñación documentados, y conviene decirlo en vez de inventarlos; lo que sí puede fecharse es su entrada en el debate general tras el ciclo de protesta de 2011. Una formulación fechada de esa etapa es la de Pablo Iglesias en New Left Review en 2015: llama «crisis de régimen» al agotamiento del modelo salido de la transición y dice que aquel proceso «se caracterizó por no afectar a la posición de las elites económicas españolas y por favorecer el reciclaje de buena parte de las viejas elites políticas franquistas»; el nombre que él usa allí, por cierto, no es «régimen del 78» sino «régimen de la Transición».

Bajo el mismo rótulo conviven cuatro cosas que se aceptan o rechazan por separado, y no distinguirlas vuelve ininteligible el debate. La primera es el texto constitucional y la forma de Estado, con la monarquía parlamentaria. La segunda es el sistema de partidos y su ley electoral, anterior a la Constitución: la disposición transitoria primera de la Ley 1/1977 ya mandaba aplicar «dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara» y establecía que «la circunscripción electoral será la provincia, fijándose un número mínimo inicial de Diputados para cada una de ellas». El artículo 68 recogió después la provincia y ese mínimo por circunscripción; el porcentaje de votos para entrar quedó en la ley electoral ordinaria y no en el texto constitucional. La tercera es el acuerdo socioeconómico: Pactos de la Moncloa de 1977, ingreso en la Comunidad Europea, permanencia en la OTAN. La cuarta es el arreglo sobre el pasado, cuya pieza central es la Ley 46/1977 de Amnistía, que amnistió «todos los actos de intencionalidad política» anteriores al 15 de diciembre de 1976 y también, en su artículo segundo, «los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas». Casi todas las críticas apuntan a la segunda, la tercera o la cuarta; el nombre, a la primera. Se puede querer una reforma electoral sin querer un proceso constituyente, y al revés.

La segunda distinción interna es entre reformar y sustituir, y el texto la hace explícita. El artículo 167 pide tres quintos de cada Cámara. El artículo 168 pide, para la revisión total o para tocar el Título preliminar, los derechos fundamentales o la Corona, dos tercios de ambas Cámaras, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas, aprobación otra vez por dos tercios y referéndum. En cuarenta y siete años la Constitución se ha reformado cuatro veces, las cuatro por la vía del 167: en 1992 (sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales, para acomodar el Tratado de Maastricht), en 2011 (estabilidad presupuestaria), en 2024 (redacción del artículo sobre personas con discapacidad) y en 2026 (circunscripción propia en el Senado para Ibiza y Formentera). El artículo 168 no se ha usado nunca. Cuatro retoques y ninguna revisión: ese contraste es el núcleo empírico del argumento del candado.

Lo que ese argumento suele omitir es que el candado es aritmético, no doctrinal. España no tiene cláusula de intangibilidad al modo del artículo 79.3 de la Ley Fundamental alemana, que declara inadmisible toda reforma que afecte a los principios de sus artículos 1 y 20. El Tribunal Constitucional lo dijo al resolver sobre la declaración soberanista del Parlament: «en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de “democracia militante”» y «no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional», de modo que quien quiera modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene sitio en él si persigue su objetivo por las vías de reforma. El régimen del 78 admite legalmente su propia sustitución; lo que no admite es hacerla sin las mayorías.

La tercera distinción es la que más se ignora: la expresión sostiene hoy dos críticas incompatibles entre sí. Una denuncia un pacto de élites que dejó intactos el poder económico, la judicatura y una jefatura del Estado no electiva, y reclama proceso constituyente, república y reconocimiento plurinacional. La otra denuncia la partitocracia y el Estado de las autonomías, y reclama recentralización y desalojo en bloque de la clase política. Comparten el sustantivo y el enemigo nominal; sus regímenes sucesores son opuestos. Por eso «rupturista» no es una posición del eje izquierda-derecha, y por eso en este test tiene eje propio.

Queda el pleito historiográfico sobre el arreglo con el pasado. La tesis del «pacto de olvido» sostiene que la Transición se levantó sobre una amnesia colectiva. Santos Juliá le opuso una distinción que ordena el debate: amnistía y amnesia no son lo mismo, porque la primera exige hablar del pasado y tenerlo presente, y solo se echa al olvido aquello que se recuerda. Y el marco ha revisado su arreglo fundacional desde dentro: la Ley 20/2022 de Memoria Democrática declara ilegales los tribunales políticos constituidos desde el golpe de 1936 y nulas sus resoluciones, y ordena que todas las leyes españolas, «incluida la Ley 46/1977 [...] de Amnistía», se interpreten conforme al Derecho internacional, según el cual la tortura y los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables. Se hizo por ley ordinaria y no por proceso constituyente, que es el punto en disputa: para unos prueba que el marco se corrige solo; para otros, que corrige tarde y poco.

En este test el eje de régimen mide la posición ante ese marco y la separa de la posición cultural, que vive en el eje de tradición. Falange Española de las JONS y Núcleo Nacional son ultratradicionalistas en costumbres y a la vez rupturistas máximos del 78: no defienden la monarquía parlamentaria, quieren otro régimen. El PSOE es reformista en costumbres y continuista del marco. Sin esa separación, el modelo produciría falsos positivos en cadena.