Partido Popular.

Alianza Popular se funda el 9 de octubre de 1976, once meses después de la muerte de Franco, como alianza informal de siete asociaciones políticas conservadoras. La prensa de entonces las llamó «los siete magníficos»: seis de los siete habían sido ministros de Francisco Franco.

El más conocido es Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969 y vicepresidente del Gobierno y ministro de la Gobernación entre 1975 y 1976. La frase con la que presentó el partido acota el proyecto mejor que cualquier glosa posterior: «creemos en la democracia, pero en la democracia con orden, con ley y con autoridad».

El encaje constitucional no fue unánime, y conviene contarlo entero porque ahí se juega el eje de régimen. Fraga formó parte de la ponencia que redactó la Constitución en representación de AP, junto a tres centristas, un socialista, un comunista y un nacionalista catalán. Pero en la votación del Congreso del 31 de octubre de 1978 sus diputados se dividieron: 8 a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Aun así, AP pidió el sí en el referéndum de ratificación. Participar en el pacto y discrepar dentro de él, las dos cosas documentadas.

En 1977 la alianza informal se constituye como federación de partidos: una suma de aparatos con veto propio, que es la estructura de los doce años siguientes.

El problema de AP no fue quedarse sin votos, fue no crecer. En las primeras elecciones de la Transición, en 1977, obtuvo 1.526.671 votos, el 8,34 %, y 16 diputados. En enero de 1978 celebró su II Congreso Nacional y se refundó como Partido Unido de Alianza Popular.

El salto llegó por agregación. Coaligada con la democracia cristiana del PDP y con regionalistas de derecha, en 1982 sumó 5.548.107 votos, el 26,36 %, y 107 diputados, y fue la principal fuerza de la oposición. En 1986, con la misma coalición rebautizada Coalición Popular, se quedó en 5.247.677 votos, el 25,97 %, y 105 diputados: fue entonces cuando empezó a hablarse del techo electoral de Manuel Fraga.

La refundación llegó con relevo generacional. En 1989 dimite Antonio Hernández Mancha, Fraga vuelve a tomar las riendas y en el congreso de enero de ese año la federación se disuelve en un partido unificado: el Partido Popular, fundado el 20 de enero de 1989. El 4 de septiembre, a propuesta del propio Fraga y tras descartarse a Marcelino Oreja y a Isabel Tocino, José María Aznar, entonces presidente de la Junta de Castilla y León, es elegido candidato a las generales; en abril de 1990 pasa a presidir el partido y Fraga es nombrado presidente fundador.

El nuevo partido absorbe además a la Democracia Cristiana, refundación del Partido Demócrata Popular, y al Partido Liberal en 1989, y a Centristas de Galicia en 1991; ese mismo año pacta con Unión del Pueblo Navarro, que pasa a ser su referente en Navarra. El PP no es AP con otro rótulo: es AP más la democracia cristiana más el liberalismo español, y esa costura es la que el test recoge al asignarle a la vez una posición confesional en educación y una de mercado en economía.

La primera victoria del PP no le dio para gobernar solo. Tras las elecciones generales de 1996 firma con Convergència i Unió el Pacto del Majestic: el partido de Jordi Pujol apoyaba la investidura de Aznar a cambio de más competencias para Cataluña y del apoyo del PP a CiU en Cataluña. El nombre viene de una cena decisiva el 28 de abril de 1996 en el Hotel Majestic de Barcelona, tras dos meses de negociación.

El 4 de mayo de 1996 Aznar es investido por mayoría absoluta en primera votación gracias a los votos de CiU, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. El dato conviene entero: el partido que ocupa el lado unitario del eje territorial llegó a La Moncloa con los votos de tres formaciones nacionalistas y pagando en competencias.

El techo se rompió del todo cuatro años después. El 12 de marzo de 2000 el PP obtiene la mayoría absoluta en el Congreso, con más votos propios y con caída del PSOE y de Izquierda Unida. Veinticuatro años después de su fundación, gobernaba solo.

Los ocho años definen su casilla económica mejor que cualquier programa. Liberalizó y recortó para cumplir Maastricht: el déficit pasó del 6,6 % del PIB en 1996 al 1 % en 2000 y en mayo de 1998 España entró en el grupo de once países que adoptaron el euro. Privatizó Repsol, Endesa y Telefónica, la participación bursátil del Estado cayó del 10,87 % al 0,52 % entre 1996 y 2004, en 1999 rebajó el IRPF un 13,7 % de media y el desempleo se redujo hasta el 11,5 %. No fue un desmantelamiento del bienestar, y ese matiz lo separa de un partido libertario: mantuvo el gasto social, reafirmó el Pacto de Toledo de 1995 y aprobó en 1999 la revalorización automática de las pensiones.

El giro de fondo fue exterior: entrada en la estructura militar de la OTAN en enero de 1997, sustitución del servicio militar obligatorio por un ejército profesional y, el 16 de marzo de 2003, respaldo en las Azores al ultimátum a Sadam Huseín. En seguridad interior, en julio de 1997 el Gobierno liberó al militante del PP José Ortega Lara tras 532 días secuestrado por ETA, y días después ETA secuestró y asesinó al concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. En 2000, PP y PSOE firmaron un Pacto Antiterrorista al que no se sumaron el PNV ni EA; en 2002 el Gobierno pactó con PSOE y CiU una nueva Ley de Partidos, y a principios de 2003 el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna por considerarla el brazo político de ETA. En 2003 hubo tres atentados con víctimas mortales y en 2004, ninguno.

La misma mayoría absoluta reformó en 2000 la Ley de Extranjería para restringir la entrada de inmigrantes y limitar los derechos de los no regularizados, que ese año eran unos 250.000 de un total de 800.000. Y fijó la doctrina territorial que el test todavía mide: España no era «una nación de naciones» sino una «nación única», y la uniformización empujó a CiU, PNV y BNG a firmar en 1998 la Declaración de Barcelona. La segunda legislatura, ganada con 183 escaños frente a 125 del PSOE, se desgastó en la calle: huelga general en junio de 2002, el Prestige y la guerra de Irak. Aznar había anunciado en el debate de investidura de 2000 que no repetiría, y en agosto de 2003 propuso como sucesor a Mariano Rajoy.

Las elecciones del 14 de marzo de 2004 se celebraron tres días después del mayor atentado terrorista de la historia de España, en la red de Cercanías de Madrid, en el que murieron 193 personas; la participación subió al 75,66 %. La víspera, en jornada de reflexión, miles de personas se concentraron ante las sedes del PP para protestar por la política informativa del Ministerio del Interior sobre la autoría, que apuntaba a ETA mientras otra línea de investigación señalaba al terrorismo islámico. El efecto sobre el resultado sigue discutido: hay analistas que sostienen que sin los atentados el PP habría ganado con la mayoría que le daban las encuestas la semana anterior.

El relevo fue inmediato: el 2 de octubre de 2004, en el XV Congreso, Rajoy fue elegido presidente con el 98,37 % de los compromisarios, y su oposición significó la vuelta a la crispación en torno al proceso de paz con ETA y a la reforma del Estatuto de Cataluña. De ahí sale un dato que pesa en el eje de tradición: contra el matrimonio entre personas del mismo sexo el partido recurrió al Tribunal Constitucional, que no resolvió hasta el 6 de noviembre de 2012.

La segunda derrota casi le cuesta el puesto: en 2008 se quedó en 154 diputados y el 39,94 % frente a los 169 escaños del PSOE, y Rajoy fue reelegido con el 78,8 % de los compromisarios, el menor respaldo desde la refundación de 1990. La tercera fue la vencida: el 20 de noviembre de 2011 gana con el 44,62 % y una mayoría absoluta de 186 escaños, superando la de 2000, y el 20 de diciembre Mariano Rajoy es investido en primera votación.

Rajoy gobernó en la parte fiscal al revés de lo prometido en campaña: recortó el gasto para controlar un déficit que superaba el 8 % del PIB y subió el IRPF y el IBI, incumpliendo la promesa de no elevar la presión fiscal. La pieza mayor fue la reforma laboral de febrero de 2012, contestada con huelga general el 29 de marzo, seguida de un recorte de 10.000 millones en educación y sanidad y del copago sanitario.

El precio fue contable y social. Hubo una segunda recesión entre finales de 2011 y mediados de 2013 y el paro pasó de 5.273.600 personas, el 22,85 % de la población activa, al récord histórico de 6.202.700 en marzo de 2013, con una tasa del 27,1 %. En junio de 2012 pidió a Bruselas un rescate bancario de hasta 100.000 millones evitando la palabra rescate, y en julio, con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos básicos, presentó el mayor ajuste de la democracia: 65.000 millones en dos años.

La salida está en el mismo expediente y el dato dice hasta dónde llegó. A finales de 2014 la prima de riesgo bajó a 106 puntos básicos, hubo el primer aumento de afiliados a la Seguridad Social desde 2007, 417.574 personas más, y el paro cerró en 5.457.700, 477.900 menos que un año antes; aun así la tasa, el 23,7 %, seguía por encima del 22,85 % de partida. El déficit se redujo al 5,72 % del PIB, dentro del límite acordado con la Comisión Europea.

El ciclo político ya se había roto por los dos flancos. Ciudadanos, fundado en 2006 en Barcelona, le disputaba el voto urbano; Vox no venía de fuera, porque nació de reconversión.es, creada en julio de 2012 por cuadros del propio PP, y se registró el 17 de diciembre de 2013 para «recoger el voto de la derecha desencantada con las políticas del PP». El 20 de diciembre de 2015 quedó primero con 123 escaños y el 28,71 %; el 22 de enero de 2016 Rajoy declinó el encargo del rey y las elecciones se repitieron por primera vez. En junio subió a 137 escaños y el 33,03 % y necesitó 150 medidas pactadas con Ciudadanos y la abstención del PSOE, tras 315 días en funciones.

La crónica económica de esos años tapa el paquete legislativo, que es el que el test mide en cuatro ejes. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, se aprobó en el pleno del Congreso del 26 de marzo de 2015 con los votos del Partido Popular y la oposición del resto de partidos, y sustituyó a la de 1992.

Más de cincuenta diputados de la oposición la recurrieron y el Tribunal Constitucional resolvió en la sentencia 172/2020, de 19 de noviembre de 2020: nulidad parcial del precepto que tipificaba como infracción grave el uso no autorizado de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y ese mismo ilícito y otros salvados por vía de interpretación conforme. Nulidad parcial no es anulación: la ley siguió vigente.

En esa misma sesión se aprobó la reforma del Código Penal que creó la prisión permanente revisable, máxima pena privativa de libertad en España, también con el único apoyo del Partido Popular y en el contexto del pacto antiyihadista; entró en vigor el 31 de marzo de 2015. Y en educación, la Ley Orgánica 8/2013, la ley Wert, se aprobó definitivamente el 28 de noviembre de 2013 sin el apoyo de ningún otro grupo parlamentario; la derogó la LOMLOE en 2020.

El episodio del aborto marca hasta dónde llegó. Más de cincuenta diputados del grupo popular habían recurrido en 2010 la ley de plazos ante el Tribunal Constitucional; el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón anunció en enero de 2012 su intención de volver al modelo de supuestos de 1985 y el 23 de septiembre de 2014 dimitió después de que el Gobierno retirase el proyecto. Lo que sí quedó aprobado, en 2015, fue el permiso paterno para las menores de 16 y 17 años, vigente hasta marzo de 2023, el año en que el Constitucional desestimó aquel recurso.

El referéndum de autodeterminación se celebró el 1 de octubre de 2017 después de que el Tribunal Constitucional declarase ilegal en septiembre la ley que lo amparaba y suspendiese expresamente la convocatoria, con guardias civiles y policías nacionales incautando urnas en colegios electorales. El 10 de octubre Carles Puigdemont proclamó y suspendió a la vez la República Catalana; el Gobierno le requirió que aclarase si había declarado la independencia y, sin respuesta clara, el 21 de octubre acordó las medidas del artículo 155.

El 27 de octubre pasaron las dos cosas a la vez: el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, y el Senado autorizó el artículo 155 con 214 votos de PP, PSOE, Ciudadanos y aliados frente a 47 en contra. El Consejo de Ministros cesó a Puigdemont y a su gobierno, disolvió el Parlament y convocó elecciones para el 21 de diciembre.

Conviene precisar el alcance, porque el eje territorial se juega ahí. Rajoy sostuvo que «no se suspende la autonomía de Cataluña» sino que «se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley». La intervención duró del 27 de octubre de 2017 al 2 de junio de 2018 y no cambió el mapa: el 21 de diciembre las tres candidaturas independentistas volvieron a sumar mayoría absoluta con 70 diputados.

El 17 de mayo de 2018 la Audiencia Nacional dictó sentencia sobre la primera época del caso Gürtel, el periodo que va de 1999 a 2005, y declaró al PP partícipe a título lucrativo de la trama, que es un título de responsabilidad civil. El Tribunal Supremo la confirmó en líneas generales en la sentencia 507/2020 de su Sala Segunda, con ligeros ajustes en las penas y las multas, ratificando las condenas de 29 acusados y esa responsabilidad civil del partido.

Las condenas penales recayeron sobre personas. La Audiencia Nacional condenó al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión; al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, a 38 años; a Pablo Crespo, a 37 años y 6 meses; y al extesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, a 33 años y 44 millones de euros de multa. El Supremo confirmó penas de hasta 51 años.

Aquí conviene ser exacto, porque es el punto en el que el relato público se desvía en las dos direcciones. El PP no fue condenado por un delito. Fue declarado partícipe a título lucrativo, que es responsabilidad civil, y por ese concepto debe abonar 133.628,48 euros por actos electorales en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, sufragados por empresas del grupo Correa cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías. El fundamento es que se constató un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, lo que genera una obligación civil de devolución.

Y la figura jurídica dice lo contrario de lo que suele darse por supuesto. El Supremo recuerda que el partido fue traído al proceso como partícipe a título lucrativo, condición que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito, sino que desconoció su comisión, y añade que esa responsabilidad «no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última». El artículo 122 del Código Penal, que es el que permite imputar civilmente al partido, exige precisamente ajenidad respecto de los hechos.

Sobre esa base el Supremo estimó en parte el recurso del partido: consideró acertado en parte el voto particular que veía en las afirmaciones de la Audiencia Nacional sobre la caja B una técnica irregular de redacción, y razonó que no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación ni defensa. La propia Sala precisa que esa estimación parcial «carece de efectos prácticos», porque no altera el fallo.

La caja B de esa causa sí quedó declarada probada, pero en otro punto y con otro sujeto. Al examinar la condena de Luis Bárcenas y de Rosalía Iglesias por apropiación indebida, el Supremo subraya que la Audiencia Nacional contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una caja B, o contabilidad extracontable, del PP y el uso de 149.600 euros procedentes de ese fondo para adquirir acciones de Libertad Digital. Una cosa es lo que se declaró probado sobre las cuentas del partido y otra distinta de qué respondía el partido como persona jurídica: son dos planos, y se confunden en los dos sentidos.

Hay una segunda resolución que suele mezclarse con la anterior y es otra cosa, empezando por el órgano: es de la Audiencia Nacional, no del Supremo. El 28 de octubre de 2021 acreditó la existencia de una contabilidad paralela o caja B del PP con la que se financió la reforma de la sede de la calle Génova de Madrid, condenó al partido a pagar 123.669 euros como responsable civil subsidiario por el impuesto de sociedades de 2007 de Unifica, la empresa que hizo las obras, y condenó a dos años de prisión a Luis Bárcenas, tesorero en aquella época. Responsable civil subsidiario tampoco es condena penal del partido, pero es un título de responsabilidad distinto del de la primera época.

Antes de esas dos sentencias hubo instrucción, que no es lo mismo. La Agencia Tributaria denunció el 29 de abril de 2012 la financiación ilegal del PP de Madrid mediante facturas falsas de actos electorales; el juez instructor confirmó el 22 de noviembre de 2013 que el partido tuvo una contabilidad B continua en el tiempo y oculta al Tribunal de Cuentas, ordenó el 19 de diciembre un registro en la sede y acreditó en mayo de 2014 la financiación irregular. Un auto de instrucción no es una condena, y esa distinción es la que se pierde en las dos direcciones cuando se cuenta este caso.

La misma trama tuvo una rama valenciana: el 11 de junio de 2018 el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en primera instancia a cuatro años de prisión al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, por la financiación irregular de las campañas de 2007 y 2008. Y el registro incluye pronunciamientos en la otra dirección, que cuentan igual: en Gürtel el partido quedó absuelto de toda responsabilidad criminal; el caso Bankia, otro de los que salpicaron al partido, acabó con la absolución de todos sus imputados; y la acusación de haber destruido los ordenadores del extesorero para eliminar pruebas terminó también con el partido absuelto, al considerarse que el borrado se ajustó al protocolo interno derivado de la normativa de protección de datos.

Dos semanas después de la sentencia de la Audiencia Nacional, el Congreso debatió la moción de censura contra Mariano Rajoy en dos sesiones plenarias, el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018. Era la cuarta desde la Transición y la segunda contra Rajoy, después de la que había presentado Unidos Podemos el año anterior, y fue la primera de toda la democracia española en prosperar: la primera vez que un presidente del Gobierno dejaba el cargo contra su voluntad sin que mediara una petición del rey, un golpe de Estado o una convocatoria electoral.

El relevo interno fue inmediato. En el XIX Congreso del PP, celebrado el 20 y 21 de julio de 2018, Pablo Casado fue elegido presidente con el 57,21 % de los votos. El 28 de abril de 2019 el partido firmó sus peores resultados en unas generales: 66 diputados y 56 senadores. Y el 2 de abril de 2022, tras la dimisión de Casado, Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente como candidato único, con el 98,35 % de los votos.

Feijóo fue proclamado presidente en el congreso extraordinario de Sevilla el 2 de abril de 2022 con el 98,35 % de los votos y ofreció al PSOE pactos de Estado. El primer aval llegó ese año en Andalucía, con mayoría absoluta de 58 escaños sobre 109.

El 28 de mayo de 2023 alcanzó su mayor peso territorial desde 1995, con gobierno en doce de las diecisiete comunidades autónomas, aunque en seis casos la investidura dependió de Vox. En esas comunidades impulsó junto a Vox las leyes de concordia, que Vox exigía como condición y que modifican la legislación autonómica de memoria democrática para reconocer, según sus promotores, «todas las víctimas» del siglo XX y no solo las del franquismo. En Aragón la ley autonómica de memoria se derogó en febrero de 2024 y la norma que la sustituyó en julio de 2024 omite los términos «franquismo», «dictadura» y «Guerra Civil».

Las generales llegaron en julio. El PP obtuvo el 33 % de los votos y 137 diputados frente al 31,7 % del PSOE, con 47 diputados más que en 2019. No le bastó: el 27 y el 29 de septiembre de 2023 Alberto Núñez Feijóo reunió 172 votos, cuatro menos de la mayoría absoluta, y el 16 de noviembre Pedro Sánchez fue investido con 179 a favor y 171 en contra. Ganar y no gobernar es desde entonces su posición.

Llega a la presidencia del partido desde la política gallega: presidente de la Junta de Galicia entre 2009 y 2022, con cuatro mayorías absolutas consecutivas. La última, en las elecciones al Parlamento de Galicia de julio de 2020, con 42 escaños y 625.000 votos, el 47,98% de los sufragios. Fue entonces el único presidente autonómico de España que gobernaba con mayoría absoluta.

Su carrera no empieza en la política de partido sino en la administración: es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia desde 1985, y no entra en un cargo de designación política hasta 1991. A partir de 1996 se implica en la política nacional de la mano del ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría.

Es elegido presidente del PP el 2 de abril de 2022, como candidato único, con el 98,35% de los votos y el respaldo de todos los barones, y con una dirección que retoma la política de entendimiento con el PSOE mediante una serie de pactos de Estado. Ya se lo habían ofrecido en 2018, tras la moción de censura contra Rajoy, y entonces declinó.

En las generales de julio de 2023 el PP fue la formación con más diputados, pero sin mayoría suficiente para formar gobierno. Con la investidura del tercer gobierno de Sánchez en noviembre de 2023, Feijóo quedó asentado como líder de la oposición, que es la posición desde la que el partido ha votado las 48 votaciones decisorias que recoge este sitio.

Su oposición tiene registro propio en varios ejes del test. El PP votó con Vox y con Junts contra el decreto ómnibus que revalorizaba las pensiones y financiaba las ayudas de la DANA de 2024, y que incluía además la devolución al PNV de un palacete de París y la protección contra los desahucios a familias vulnerables, los dos puntos que el partido objetaba; después votó a favor cuando el Gobierno lo volvió a presentar con esos puntos dentro. A finales de junio de 2025 anunció que subiría el gasto militar del 2 al 5 % del PIB, en línea con la exigencia del presidente de Estados Unidos. Y en las comunidades donde gobierna con Vox impulsó las leyes de concordia, que sustituyen la legislación autonómica de memoria democrática.

Asume la presidencia semanas después de la moción de censura y la deja cuatro años más tarde tras un conflicto interno. Fue elegido en el XIX Congreso del PP, celebrado el 20 y 21 de julio de 2018, con el 57,21% de los votos.

Su trayectoria es de organización interna: presidente regional de Madrid de Nuevas Generaciones, diputado en la Asamblea de Madrid en 2007 con veintiséis años, renuncia al escaño en 2009 y dirige los gabinetes de Manuel Pizarro y del expresidente José María Aznar antes de volver a la política activa. En 2011 entra en el Congreso como diputado por Ávila.

El 28 de abril de 2019, con él al frente, el partido firmó sus peores resultados en unas elecciones generales: 66 diputados y 56 senadores. Y en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021 obtuvo tres escaños, quedando como la última fuerza con representación.

El desenlace fue una cascada de dimisiones de altos cargos el 22 de febrero de 2022, con los barones territoriales y el grupo parlamentario exigiendo un congreso extraordinario. Casado se comprometió a no presentarse a la reelección y dimitió en abril, tras una polémica con Isabel Díaz Ayuso; le sustituyó Alberto Núñez Feijóo.

Presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, y antes vicepresidente primero, portavoz del Gobierno y ministro durante los gobiernos de José María Aznar. Es miembro relevante del partido desde la década de 1980.

Registrador de la propiedad de formación, aprobó las oposiciones a los veintitrés años y fue el registrador más joven de España hasta la fecha. Obtuvo su primer escaño en 1981, en el Parlamento de Galicia.

Tras dos derrotas generales, ganó las elecciones del 20 de noviembre de 2011 y fue investido presidente el 20 de diciembre en primera votación, gracias a la mayoría absoluta de su partido. Salió del cargo el 1 de junio de 2018, cuando prosperó la moción de censura, la primera de la democracia española que lo consiguió.

Su gobierno se resume en dos expedientes. En economía, un ajuste que llevó el paro al récord histórico de 6.202.700 personas en marzo de 2013, una tasa del 27,1 %, y un rescate bancario europeo de hasta 100.000 millones de euros; y una salida que a finales de 2014 dejó el paro en 5.457.700 personas, 477.900 menos que un año antes, aunque con una tasa del 23,7 % todavía por encima del 22,85 % de partida. En lo territorial, la única aplicación del artículo 155 de la Constitución: duró del 27 de octubre de 2017 al 2 de junio de 2018 y cesó a Carles Puigdemont y a todo su gobierno.

En la sentencia de la primera época del caso Gürtel, que abarca el periodo 1999-2005 y es anterior a su presidencia del partido, el Tribunal Supremo confirmó la responsabilidad civil del PP como partícipe a título lucrativo. Conviene la precisión: esa figura es responsabilidad civil, no penal, y presupone que el beneficiario no participó en el delito ni conoció su comisión.

Cuarto presidente del Gobierno de España desde la Transición, de 1996 a 2004, y presidente del partido entre 1990 y 2004. Fue elegido candidato el 4 de septiembre de 1989 a propuesta del propio Fraga, cuando presidía la Junta de Castilla y León, y presidente del partido en abril de 1990.

Llegó a La Moncloa el 4 de mayo de 1996 con los votos de CiU, el PNV y Coalición Canaria, y revalidó el 12 de marzo de 2000 con mayoría absoluta: 183 escaños frente a los 125 del PSOE.

Su gobierno se resume en tres expedientes. En economía, la convergencia con Maastricht que llevó a España al grupo de once países que adoptaron el euro en mayo de 1998, junto con las privatizaciones y la rebaja del IRPF. En política exterior, la integración en la estructura militar de la OTAN el 1 de enero de 1997 y el respaldo, el 16 de marzo de 2003 en las Azores, al ultimátum a Sadam Huseín junto a Bush y Blair. Y en seguridad interior, el Pacto Antiterrorista con el PSOE y la Ley de Partidos que abrió la ilegalización de Batasuna.

Había anunciado en el debate de investidura de 2000 que no se presentaría a un tercer mandato, y el 1 de septiembre de 2003 eligió a Mariano Rajoy como sucesor al frente del partido, descartando a Rodrigo Rato y a Jaime Mayor Oreja.

El paréntesis entre las dos etapas de Fraga, y el episodio que precipitó la refundación. Fue presidente de Alianza Popular entre 1987 y 1989, además de diputado autonómico y senador.

Llegó en el VIII Congreso, en febrero de 1987, como líder de AP en Andalucía y con una candidatura «renovadora» frente a la «continuista» de Herrero de Miñón, en la que figuraba José María Aznar.

En 1987 presentó una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, que no prosperó: solo votaron a favor los diputados de su propio grupo. Su dimisión en 1989 devolvió las riendas a Fraga y abrió el congreso del que salió el Partido Popular.

Ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, vicepresidente segundo del Gobierno entre 1975 y 1976, y catedrático de Derecho Político y de Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Está considerado una de las figuras más longevas y relevantes del segundo franquismo y de la Transición.

Su formación, Reforma Democrática, fue una de las siete que fundaron Alianza Popular el 9 de octubre de 1976. Fue candidato a la presidencia del Gobierno en cuatro ocasiones entre 1977 y 1986, y participó como uno de los «padres» de la redacción de la Constitución de 1978.

En 1989 refundó Alianza Popular como Partido Popular y poco después fue nombrado presidente fundador. Presidió la Junta de Galicia entre 1990 y 2005 y fue senador desde 2006 hasta poco antes de su muerte, en 2012.