Ley Mordaza.

La «Ley Mordaza» es el apodo informal de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, publicada en el «BOE» núm. 77 del 31 de marzo de 2015 con la referencia BOE-A-2015-3442 y vigente desde el 1 de julio de 2015. Sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992 («Ley Corcuera») y fue impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo parlamentario del Grupo Popular.

Su contenido más controvertido afecta a tres ámbitos: tipificación administrativa de la falta de respeto y consideración a agentes de la autoridad, sanciones por difusión de imágenes de policías sin autorización, y régimen de manifestaciones (notificación previa, distancias mínimas a sedes institucionales, sanciones por reuniones no comunicadas frente al Congreso). La crítica de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa apuntó a que el texto desplaza al ámbito administrativo (sin garantías procesales penales) conductas que antes habrían requerido procedimiento penal.

La derogación o reforma profunda de la ley figura desde 2015 en los programas de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y BNG. Pese a varias legislaturas de gobierno PSOE-Sumar/Unidas Podemos, la reforma global no ha llegado a aprobarse: las negociaciones se rompieron en 2022 y de nuevo en 2023 por desacuerdos en los artículos sobre devoluciones en frontera y sobre el uso de material antidisturbios.

En el test, el debate Ley Mordaza vive simultáneamente en el eje de libertad civil (vigilancia, manifestaciones) y en el eje de libertad de expresión (régimen sancionador a la difusión de imágenes y a las críticas a símbolos). PP, Vox y SALF la defienden o la matizan; PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, BNG, CUP y AC piden derogarla o reformarla profundamente; la posición de Cs cuando existió fue ambigua y reformista.