Junts.

El partido que hoy se llama Junts no aparece de la nada. Su tradición arranca en Convergència Democràtica de Catalunya, creada en torno a Jordi Pujol en 1974: la fundación tuvo lugar el 17 de noviembre de 1974 en el monasterio de Montserrat, y no se inscribió en el registro de partidos hasta 1977. Nació como formación transversal, de la izquierda a la derecha. En septiembre de 1978 firmó con la democristiana Unió Democràtica de Catalunya las bases de Convergència i Unió.

Entre 1978 y 2015 ambos acudieron a todas las citas electorales bajo esa marca, que se convirtió en el primer grupo político de Cataluña y gobernó la Generalidad desde las autonómicas de 1980 hasta 2003. Pero no era solo una marca catalana: Convergència colaboró con los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996 y con el PP entre 1996 y 2004, dando su apoyo a uno y a otro para que pudieran formar gobierno.

Apoyó las medidas liberalizadoras y de control presupuestario del Gobierno de José María Aznar que permitieron la entrada de España en la primera fase del euro, y en el Pacto del Majestic negoció financiación autonómica y traspaso de competencias. El giro llegó en el XVI congreso, celebrado en Reus el 24 de marzo de 2012, cuando sus dirigentes declararon que el objetivo a medio plazo era el estado propio: la independencia.

Cuatro años después la casa se desmontó: el 8 de julio de 2016 un congreso acordó su refundación en un partido nuevo y, entre otras tres propuestas presentadas el 9 de julio, figuraba ya Junts per Catalunya; salió elegida otra. La herencia incluye además una sentencia, y conviene separar sus dos planos. El 15 de enero de 2018 se hizo pública la del caso Palau: sobre Convergència recayó, por la vía del decomiso, la devolución de los 6,6 millones de euros cobrados de Ferrovial en comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones. Las penas de prisión recayeron sobre personas, entre ellas su extesorero Daniel Osàcar, condenado a cuatro años y cinco meses por blanqueo de capitales, tráfico de influencias continuado, falsedad en documento mercantil y falsedad contable. Lo que alcanzó al partido fue patrimonial. Y alcanzó a Convergència, que puso fin a su actividad política pero siguió jurídicamente activa como partido: el partido llamado Junts per Catalunya no se inscribió en el Registro de Partidos Políticos hasta el 11 de julio de 2018.

El año 2017 estuvo marcado por el referéndum del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal y ordenado suspender, por la declaración unilateral de independencia y por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que llevó a convocar elecciones catalanas. De ahí salió un reparto pactado: la coalición Junts per Catalunya, que el PDeCAT constituía legalmente junto a la ya inactiva Convergència y en la que se quedaba con los derechos electorales y las subvenciones, mientras Puigdemont ponía las listas y el liderazgo. Convergència seguía prestándose a esas coaliciones con el único objetivo de que las marcas nuevas se beneficiasen de unos derechos electorales que en el registro seguían siendo suyos. Fue la candidatura independentista más votada e invistió a Quim Torra presidente de la Generalidad en mayo de 2018.

La primera fractura llegó casi enseguida y explica la geometría interna del espacio. Ante la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, el PDeCAT tenía ocho escaños en el Congreso y Puigdemont abogaba por la abstención, que habría mantenido a Rajoy en el poder. Se impuso la postura de Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT, y el grupo votó sí. De ahí salieron los dos bandos que convivirían dentro de la marca: los unilateralistas cercanos a Puigdemont y los independentistas pragmáticos de la dirección del PDeCAT.

El 11 de julio de 2018 esa dirección inscribió en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior un partido llamado Junts per Catalunya, para poder usar el nombre de la coalición en futuras elecciones. Durante sus dos primeros años no tuvo actos propios, ni organigrama, ni simbología diferenciada: era una marca dormida. Cinco días después, Puigdemont creó la Crida Nacional per la República.

El 10 de julio de 2020, sin acuerdo interno, el entorno de Puigdemont tomó el control de aquel partido inscrito mediante una maniobra registral por la que la presidencia y la sede pasaron a sus manos. El PDeCAT, que lo consideraba de su propiedad, demandó el 6 de agosto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña alegando irregularidades; cómo se resolvió esa demanda no consta en las fuentes de esta página, y el efecto documentado fue político: a partir de ahí buena parte de los cargos de la coalición, los senadores en bloque incluidos, dejó el PDeCAT para militar en Junts. El proceso congresual arrancó el 25 de julio de 2020 y concluyó el 4 de octubre: Puigdemont fue elegido presidente con el 99,3 % de los votos y Jordi Sànchez secretario general con el 94,2 %.

Junts concurrió por primera vez en solitario a unas autonómicas en 2021, sin derechos electorales y recogiendo firmas: las subvenciones de la vieja coalición correspondían al PDeCAT. Antes había elegido candidata en unas primarias con dos aspirantes a la presidencia de la Generalidad, en las que Laura Borràs se impuso con el 75,8% de los votos frente al 20,5% de Damià Calvet. Junts obtuvo 32 diputados y quedó tercero en votos y escaños, y el 12 de marzo de 2021 Borràs fue designada presidenta del Parlamento catalán.

Entró en el Gobierno de la Generalidad con Esquerra y la coalición saltó año y medio después. El 29 de septiembre de 2022 el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, propuso que Pere Aragonès se sometiera a una cuestión de confianza; la crisis acabó con el cese del vicepresidente Jordi Puigneró, de Junts. Las bases votaron los días 6 y 7 de octubre y se mostraron favorables a abandonar la Generalidad con un 55% de los votos, aproximadamente.

Ese mismo año se repartió la dirección. Puigdemont anunció que dejaría de presidir Junts después del congreso de junio para centrarse en el Consell per la República, y Jordi Sànchez no se presentó a la secretaría general por discrepancias con la cúpula interna. En junio de 2022 Laura Borràs fue elegida presidenta y Jordi Turull, que también aspiraba a dirigir el partido, se quedó con la secretaría general.

En las generales del 23 de julio de 2023 Junts obtuvo siete diputados y, al no superar la barrera del 15% de los votos en todas las provincias catalanas, tuvo difícil formar grupo propio: acabó teniéndolo porque el PSOE le cedió cuatro parlamentarios, dentro de los pactos por la Mesa que llevaron a Francina Armengol a presidirla. El 9 de noviembre alcanzaron un acuerdo de investidura y el 16 de noviembre de 2023 Pedro Sánchez fue investido en primera votación por mayoría absoluta, con el voto favorable de Junts. A cambio, entre otras cosas, la aprobación de la ley de amnistía.

En 2024 Puigdemont volvió a presentarse a las autonómicas catalanas y resultó electo, pero no llegó a tomar posesión del escaño ante la orden de busca y captura que pesaba sobre él. Ese junio la Audiencia de Barcelona ordenó poner fin a la instrucción por efecto de la ley de amnistía y el juez Joaquín Aguirre abrió una causa nueva para investigarlo por presunta traición; en julio el Tribunal Supremo decidió que no se puede aplicar la amnistía al delito de malversación, y por eso mantiene la orden de detención. El 8 de agosto de 2024 reapareció en Barcelona, dio un discurso breve en el Arco de Triunfo y abandonó de nuevo España sin ser detenido. La Generalidad la asumió el socialista Salvador Illa.

Sin poder institucional, el partido se reordenó en torno a su líder. Tras un congreso en Calella en octubre de 2024, Puigdemont fue reelegido presidente con el 90% de los votos y una participación del 43%. En paralelo, Demòcrates de Catalunya se disolvió e integró en Junts, y en abril de 2025 el partido firmó un convenio de doble militancia con Moviment d'Esquerres de Catalunya.

En Madrid, la relación con el Gobierno se volvió una negociación permanente de competencias. El 11 de enero de 2024 el PSOE y Junts pactaron in extremis su abstención en tres decretos leyes a cambio de transferir a Cataluña competencias en inmigración; el 4 de marzo de 2025 ambos grupos registraron juntos la proposición de ley orgánica de delegación. Entre medias, el 17 de septiembre de 2024, Junts votó con PP, Vox y UPN contra la admisión a trámite de la proposición de ley de Sumar para limitar el alquiler de temporada y de habitaciones, rechazada por 178 votos frente a 172.

El movimiento más reciente es de otro orden. En agosto de 2026, Junts per Catalunya accedió como miembro de pleno derecho al Partido Demócrata Europeo, es decir, entró en una familia política europea sin dejar de defender la constitución de Cataluña como Estado independiente en forma de república.

El eje central es explícito y está escrito. Junts nace, según sus propios documentos, con el propósito de hacer efectiva la constitución de Cataluña como un Estado independiente en forma de república. La lengua es el lugar de prueba: el catalán es el elemento más claro del reconocimiento de Cataluña como nación, y de ahí su llamada a impulsar su adopción entre los recién llegados.

La estrategia sí ha cambiado. En sus inicios el partido rehusaba definirse en el eje izquierda-derecha y mantenía un enfoque unilateralista y antisistema que llegó a calificarse de populista: sostenía que el Estado solo negociaría en serio si la correlación de fuerzas evolucionaba en su contra, y definía la confrontación sostenida como condición necesaria, incluida la desobediencia civil no violenta. Más recientemente abandonó esa vía para asumir una estrategia de diálogo y pacto con las fuerzas mayoritarias del Estado, preferentemente el PSOE, y hoy defiende un referéndum pactado.

En Europa la posición es la contraria de la que suele atribuirse a un partido rupturista: defiende la integración de una Cataluña independiente en la Unión Europea y en la eurozona como miembro de pleno derecho. Se considera euroexigente y sostiene que el futuro de la Unión pasa por sustituir los grandes estados nacionales por estados más pequeños.

En economía, el congreso nacional de 2024 fijó como prioridades el refuerzo de los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la reducción de desigualdades junto a la rebaja del impuesto de sucesiones y patrimonio, la moderación de la presión fiscal, una fiscalidad progresiva y facilidades para autónomos y pymes: la combinación que lo sitúa, en 2024, en el centro y el centroderecha, entre el liberalismo y el socioliberalismo. La etiqueta no es unánime dentro de la casa: algunos altos cargos se autodefinen como socialdemócratas y la mayoría de sus votantes se autopercibe en el centroizquierda. En lo social defiende el feminismo, los derechos de las personas LGTB y el derecho al aborto; en inmigración, una gestión catalana con control y cuotas, evitando ligar de forma explícita migración y delincuencia, aunque algunos de sus alcaldes han pedido públicamente la expulsión de inmigrantes reincidentes. Y hay materias en las que el programa y la gestión no coinciden: es un partido nominalmente ecologista cuyas políticas, en especial en el Ayuntamiento de Barcelona y en la gestión de infraestructuras, han puesto los intereses económicos por delante de las reivindicaciones ecologistas.

Periodista de formación y de oficio, se afilió en su juventud a Convergència Democràtica de Catalunya y fue uno de los fundadores en Gerona de su rama juvenil. Fue diputado del Parlamento de Cataluña por Convergència i Unió y alcalde de Gerona entre 2011 y 2016: llegó a la alcaldía tras ganar las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, acabando con más de 32 años de hegemonía del PSC en la ciudad.

El 10 de enero de 2016 fue investido presidente de la Generalidad de Cataluña gracias al acuerdo de su partido con la CUP, formación que había vetado una nueva investidura de Artur Mas. Durante su mandato se impulsó la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal y ordenado suspender, y se efectuó una declaración unilateral de independencia el día 27 del mismo mes. Fue cesado el 28 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El recorrido judicial exige precisión. La euroorden dictada el 3 de noviembre de 2017 fue cancelada por el Tribunal Supremo el 5 de diciembre, quedando vigente solo la orden de detención en territorio español. El 23 de marzo de 2018 el juez Pablo Llarena anunció su procesamiento por rebelión y malversación y cursó una nueva orden europea e internacional; detenido en Alemania el 25 de marzo, el tribunal de Schleswig-Holstein desestimó el delito de rebelión y en julio de 2018 acordó extraditarlo por malversación, extradición que el propio Tribunal Supremo rechazó al oponerse a que se le juzgara sin el delito de rebelión. En junio de 2024 la Audiencia de Barcelona ordenó poner fin a la instrucción por efecto de la ley de amnistía y el juez Joaquín Aguirre abrió una causa nueva para investigarlo por presunta traición; en julio el Supremo resolvió que no se puede aplicar la amnistía al delito de malversación, y por eso mantiene la orden de detención.

Conviene marcar el límite, porque es donde suele confundirse el estado de la causa. La sentencia del procés, dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019, condenó a nueve de los procesados, y él no figura entre ellos. Su situación es la de procesado y en busca y captura por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación: lo que pesa sobre él es una orden de detención, no una sentencia condenatoria.

Fue eurodiputado no inscrito entre 2019 y 2024, después de que el presidente del Parlamento Europeo David Sassoli le reconociera como diputado apoyándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a Oriol Junqueras. En 2024 volvió a presentarse a las autonómicas catalanas y resultó electo, pero no tomó posesión del escaño. En octubre de ese año fue reelegido presidente de Junts en el congreso de Calella, con el 90% de los votos y una participación del 43%, y en noviembre de 2024 dimitió como presidente del Consejo por la República. Sigue instalado en Waterloo, desde donde interviene en la política española principalmente como presidente del partido.

Licenciado en Derecho, empezó a militar en las juventudes de Convergència en 1983 y en Convergència Democràtica de Catalunya en 1987. Fue concejal en el ayuntamiento de Parets de 1987 a 2003, diputado en la Diputación de Barcelona entre 1991 y 1996 y director general del Instituto Catalán del Voluntariado desde 1996 hasta 2000. Diputado en el Parlamento de Cataluña desde 2006, fue portavoz de Convergència i Unió en la cámara en 2010 y presidente del grupo parlamentario en 2013.

El 14 de julio de 2017 fue nombrado consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad presidido por Carles Puigdemont, y el 1 de octubre de 2017 actuó de portavoz durante la jornada del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Fue cesado en octubre de 2017 al amparo de la aplicación del artículo 155.

Su candidatura a la presidencia de la Generalidad se sometió a votación el 22 de marzo de 2018 y no alcanzó la mayoría absoluta requerida: 64 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones. La segunda votación, prevista para el 24 de marzo y para la que le bastaba la mayoría simple, no llegó a celebrarse porque ingresó en prisión por decisión del magistrado Pablo Llarena.

Aquí importa el detalle jurídico. El 14 de octubre de 2019 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo condenó, junto a Raül Romeva y Dolors Bassa, a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía, y quedó absuelto del cargo de rebelión. Un real decreto acordado previa deliberación del Consejo de Ministros del 22 de junio de 2021 le indultó la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito grave en el plazo de seis años desde la publicación. El indulto alcanza solo a esa pena privativa de libertad.

Es secretario general de Junts desde el congreso de junio de 2022, cuando el partido repartió su dirección: Laura Borràs asumió la presidencia y él la secretaría general.

Empresaria textil, copropietaria de una empresa especializada en hilaturas. Es miembro del Cercle Català de Negocis, un colectivo empresarial nacionalista catalán, y de la junta de MODACC, el clúster textil y de moda de Cataluña. Forma también parte de la plataforma No vull pagar, movimiento contra los peajes de las autopistas catalanas.

Entró en política institucional en las municipales de 2015, elegida concejala del ayuntamiento de Cardedeu como independiente en las listas de Convergència Democràtica de Catalunya. Ese mismo año fue elegida diputada, también como independiente, dentro de la lista de Democràcia i Llibertat, y ejerció de portavoz de la Comisión de Defensa.

Se presentó a la ejecutiva del PDeCAT tras la fundación del partido en 2016 sin resultar elegida, y llegó a su vicepresidencia en 2018. Cuando en 2020 se consumó la separación entre el PDeCAT y Junts, dimitió de esa vicepresidencia y pasó a Junts.

Es diputada por Barcelona y portavoz de Junts en el Congreso. Asumió la portavocía tras la dimisión de Laura Borràs como diputada y portavoz para presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021. Ocupaba ese puesto cuando Junts votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez, investido en primera votación el 16 de noviembre de 2023 por mayoría absoluta del Congreso. En febrero de 2023, antes de una rueda de prensa en el Congreso, apartó la bandera de España del estrado.

Filóloga, doctora en Filología románica por la Universidad de Barcelona y profesora de teoría de la literatura y literatura comparada en esa misma universidad, dirigió la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018. Entró en política como número cinco independiente de la candidatura de Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017, y fue consejera de Cultura del gobierno de Quim Torra entre 2018 y 2019.

Fue investida presidenta del Parlamento de Cataluña el 12 de marzo de 2021 con los votos de Junts y Esquerra, y presidenta del partido en junio de 2022. El 28 de julio de 2022 fue suspendida como diputada como consecuencia de su imputación por prevaricación y falsedad documental.

El estado exacto de la causa importa. La sentencia 1/2023, de 29 de marzo, de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hecha pública el 30 de marzo de 2023, la condenó por un delito continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil a cuatro años, seis meses y un día de prisión, multa e inhabilitación especial para cargos públicos por cuatro años y un día; y por prevaricación administrativa, a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos. El mismo fallo propuso al Gobierno un indulto parcial referido exclusivamente a la pena de prisión en el tiempo que excediera de dos años.

El Tribunal Supremo resolvió el recurso de casación en su sentencia 105/2025, de 10 de febrero de 2025, y lo desestimó íntegramente: confirmó la condena de cuatro años y medio de prisión, trece años de inhabilitación y multa. La recurrente discutía la proporcionalidad de la pena apoyándose en la propuesta de indulto parcial del propio tribunal catalán y en el voto particular de una magistrada que reclamaba una condena inferior. Descartó también aplicar a esa condena la ley orgánica de amnistía: el hecho probado se refiere a una actuación de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, que recibe del Departamento de Cultura el encargo de elaborar una página para la divulgación de libros, y desde esa perspectiva ninguna relación tiene con el ámbito objetivo de esa ley. La resolución cifra el montante total de los contratos tramitados de forma irregular en 335.700 euros, con IVA. Los hechos son anteriores a su llegada a la presidencia del partido: el tribunal los sitúa en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Agotada la casación, la condena quedó firme.

Politólogo y profesor universitario, presidió la Asamblea Nacional Catalana entre 2015 y 2017: relevó a Carme Forcadell el 16 de mayo de 2015, elegido por el secretariado de la entidad. Antes había estado vinculado durante años a Iniciativa per Catalunya Verds y dirigió la Fundación Jaume Bofill.

Procesado por rebelión y sedición, en octubre de 2019 fue condenado por el Tribunal Supremo a nueve años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta por delito de sedición: la rebelión, por la que también se le había procesado, no entró en la condena. Fue indultado de esa pena de prisión por el Gobierno el 22 de junio de 2021 y salió de la cárcel al día siguiente. Estando todavía en prisión, el 8 de agosto de 2020 fue elegido secretario general de Junts, con Carles Puigdemont como presidente; no se presentó a la reelección en el congreso siguiente por discrepancias con la dirección interna del partido.