VoxvsJunts

Vox nace en 2013 de un desprendimiento del Partido Popular. Su primer presidente fue Alejo Vidal-Quadras, eurodiputado popular, y a su lado Santiago Abascal, del PP vasco, y José Antonio Ortega Lara. No llega de fuera del sistema de partidos: es la salida por la derecha de quienes vieron ceder a los suyos, en el territorio antes que en nada.

Junts procede del tronco convergente: el partido de Jordi Pujol que gobernó la Generalitat más de dos décadas desde un nacionalismo burgués y democristiano, y que fue socio parlamentario de gobiernos en Madrid de los dos signos a cambio de competencias. La formación actual lo refunda tras el proceso soberanista y la marcha de Carles Puigdemont a Bélgica.

Las dos trayectorias se cruzan en la crisis territorial de 2017. La proyección estatal de Vox está ligada a ella, incluido su papel como acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo contra los dirigentes del proceso. Y los dos han tenido después el mismo problema: un competidor por su derecha, Aliança Catalana en el caso de Junts, que les ha endurecido el discurso migratorio.

El territorial es la mayor de sus nueve distancias: noventa puntos de Vox del lado unitario, noventa y cinco de Junts del pluralista, y divergencia en las cuatro preguntas. Que Cataluña, el País Vasco y Galicia sean naciones con derecho a decidir, avanzar hacia un Estado federal, garantizar por ley el castellano como lengua vehicular y recentralizar competencias: cuatro afirmaciones, cuatro respuestas invertidas.

Ninguno ocupa el extremo de su polo: lo tienen la CUP en el pluralista, y Núcleo Nacional y Falange en el unitario. El sí de Junts al Estado federal pide una precisión: un partido independentista no es federalista, y esa respuesta funciona como proxy del reconocimiento plurinacional, no como doctrina. El sí de Vox a recentralizar, en cambio, es literal.

Lo relevante de una distancia así no es que los separe, sino lo que le hace al resto del cuestionario. Los dos hablan de proteger a una nación y ninguno usa el sustantivo para señalar lo mismo. Cuando el desacuerdo está en el referente y no en el predicado, las coincidencias literales dejan de significar lo que aparentan.

En economía no hay una sola divergencia. Los dos defienden bajar impuestos a las empresas y flexibilizar el despido, y rechazan los topes al alquiler, el impuesto sobre las grandes fortunas, seguir subiendo el salario mínimo, mantener íntegras las pensiones por reparto, la sanidad exclusivamente pública y la renta básica. Vox puntúa cincuenta del lado del mercado y Junts veinticinco.

El reparto de ese pleno es el dato. Junts responde igual a las ocho preguntas económicas con cuatro partidos, y los cuatro son de la derecha estatal: el PP, Vox, Ciudadanos y SALF. Con Esquerra, la CUP, Bildu y el BNG, los partidos con los que comparte el único objetivo que lo define, no coincide en ninguna de las ocho.

La economía de Junts es la de Convergència, intacta bajo otra bandera, y su doble económico en el test es el partido que quiere recentralizar el Estado. Vox no es un liberal doctrinario sino un partido de mercado moderado, con un programa indistinguible del de una derecha catalana a la que tiene por adversaria.

La segunda y la tercera distancias son religión, noventa y cinco puntos, e identitarismo, noventa. Vox sostiene las cuatro posiciones del polo confesional: concertada religiosa con dinero público, símbolos en edificios públicos, asignatura con efectos académicos y privilegios de la Iglesia. Junts responde al revés en tres y calla sobre la concertada, donde pesa el poso democristiano: su diez secular es un residuo, no laicismo militante.

En identitarismo conviene más cuidado, porque el eje no es simétrico: su centro es el universalismo y sus polos son contrarios, no grados de lo mismo. Vox está a ochenta y cinco puntos del identitarismo de mayoría, con una posición coherente: no a las cuotas, al lenguaje inclusivo oficial y a los derechos colectivos; sí a la identidad española, a priorizar españoles y a la amenaza cultural migratoria.

El cinco de Junts no es la posición contraria ni es universalismo: es lo que queda al sumar tres respuestas de reconocimiento de minorías, un rechazo a que el Estado proteja la identidad española, un sí a la amenaza migratoria y un silencio sobre priorizar españoles, que el modelo neutraliza porque prioriza catalanes. Su identitarismo no desaparece: se contabiliza en el eje territorial, que es donde tiene sujeto.

Su menor distancia son cinco puntos en libertad de expresión, y no es un elogio: los dos están del lado punitivo. Ninguno suscribe que una opinión no deba ser delito por su contenido ni que la regulación de medios y redes sea mínima. Coinciden en la premisa y sus divergencias son un espejo: Vox conserva las penas por ofender a la corona y a los sentimientos religiosos y rechaza las leyes de odio; Junts hace lo inverso.

En régimen los separan ochenta puntos, Vox del lado continuista del 78 y Junts del rupturista, y divergen sobre la monarquía, sobre sustituir el sistema institucional y sobre si la Constitución funciona. Solo coinciden en que las élites del régimen traicionaron a los ciudadanos, y no es un encuentro: Vox firma esa frase con los doce partidos con los que discrepa en las otras tres.

Queda deshinchar el recuento. De las diecisiete coincidencias, seis descansan del lado de Junts en vectores a quince puntos o menos del centro: las tres de tradición, la del consumo adulto de drogas y las dos de expresión. Junts es el de perfil más asimétrico de los diecisiete: esas respuestas son el resultado aritmético de un eje casi centrado, no una posición defendida.