PodemosvsJunts

La afinidad entre Podemos y Junts es del setenta y dos por ciento, y coinciden en veintitrés de las cuarenta y dos afirmaciones del test. La cifra esconde una asimetría completa: de las ocho preguntas económicas no comparten ni una sola respuesta. Es la mayor de las nueve distancias del par, ciento diez puntos, con Podemos en menos ochenta y cinco del lado intervencionista y Junts en veinticinco del lado del mercado.

Podemos defiende topes al alquiler, un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, subir el salario mínimo, blindar las pensiones por reparto, una sanidad exclusivamente pública y una renta básica universal, y rechaza bajar impuestos a las empresas y flexibilizar el despido. Junts sostiene lo contrario en cada uno de esos ocho puntos, sin excepción.

Las veintitrés coincidencias del par salen enteras de las otras treinta y cuatro preguntas, las que no son económicas: casi dos de cada tres. El pacto de legislatura funciona porque la economía queda fuera de la ecuación, no porque se haya resuelto.

Podemos se constituye en 2014, en la estela del ciclo de movilización del 15-M, con un armazón teórico que toma de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe: el sujeto político no es la clase obrera sino un pueblo construido frente a una casta, con Pablo Iglesias como cara visible del proyecto en sus primeros años.

Frente a ese origen asambleario, Junts arrastra una herencia de gobierno: la de Convergència Democràtica de Catalunya, que con Jordi Pujol dirigió la Generalitat más de dos décadas combinando liberalismo económico y democracia cristiana en lo social, dando apoyo parlamentario en Madrid tanto al PSOE como al PP a cambio de competencias, nunca de un cambio de régimen. La marca se refundó como Junts cuando ese pacto dio paso al independentismo explícito, con Carles Puigdemont dirigiendo el proyecto desde fuera de España.

Un partido salido del ciclo de protesta contra la casta y otro salido del pactismo catalán más pragmático no comparten ni tradición ni electorado. Y sin embargo, cuando se les pregunta por el edificio institucional que ambos habitan, responden lo mismo.

En el eje de régimen, Podemos y Junts puntúan exactamente igual: menos cincuenta y cinco los dos, distancia cero. Es un empate raro, solo cuatro pares más de los ciento treinta y seis lo replican, entre Aliança Catalana, la CUP, Frente Obrero y el ya conocido empate entre Núcleo y Falange. Coinciden también en las cuatro preguntas del eje: ninguno preservaría la monarquía, los dos sostienen que el sistema institucional debería sustituirse, que la Constitución del 78 ya no funciona en lo esencial y que las élites del régimen han traicionado a los ciudadanos.

La misma puntuación no significa el mismo destino. Podemos apunta a una ruptura republicana y plurinacional, con proceso constituyente incluido; Junts no aspira a otro régimen español, sino a no formar parte de ninguno. El mismo no rotundo a lo que existe encubre dos síes incompatibles sobre lo que vendría después.

En territorio se repite el patrón, con matices: la distancia es de treinta puntos, Podemos en sesenta y cinco y Junts en noventa y cinco, y las cuatro preguntas del eje coinciden igualmente. Naciones con derecho a decidir, Estado federal, sin castellano vehicular impuesto por ley, sin recentralizar competencias. La diferencia de intensidad, federalismo plurinacional frente a independentismo, no cambia ninguna de las cuatro respuestas.

En identidad, Podemos puntúa ochenta y cinco, el valor más alto de los diecisiete partidos del test en el polo del identitarismo de minorías. Junts puntúa cinco: apenas del mismo lado del centro, sin acercarse al polo opuesto, el de la mayoría amenazada, que en este eje corresponde a partidos que defienden una identidad nacional española. Junts no encaja ahí: su sujeto no son los españoles, y el test lo refleja dejando sin aplicar la pregunta sobre priorizarlos frente a los inmigrantes.

Ese cinco no es moderación, es una cancelación de dos posiciones opuestas. Junts coincide con Podemos en las tres preguntas que definen el polo de las minorías: cuotas legales de paridad, lenguaje inclusivo en documentos oficiales y reconocimiento de derechos colectivos a grupos históricamente discriminados. Y al mismo tiempo sostiene que la inmigración a gran escala amenaza la cultura y la identidad del país receptor, la posición típica del polo contrario, solo que aplicada a lo catalán y no a lo español.

El resultado son ochenta puntos de distancia con cuatro de las seis preguntas del eje coincidentes. Lo que separa de verdad a Podemos y Junts en identidad no es un desacuerdo de grado sino de sujeto: a quién hay que proteger de qué amenaza cultural, y ahí no hay término medio posible entre los dos.

En libertad de expresión coinciden en las cuatro preguntas, con una distancia de solo treinta y cinco puntos. Ninguno suscribe que ninguna opinión deba ser delito por su contenido, los dos ven necesarias las leyes contra el discurso de odio hacia colectivos protegidos, los dos retirarían la protección penal a quien ofenda símbolos del Estado, la corona o sentimientos religiosos, y ninguno acepta una regulación mínima de medios y redes. Podemos llega ahí por su campaña contra el delito de ofensas a la corona y su defensa de casos como Hasél y Valtònyc; Junts, porque esos símbolos no son los suyos, y ya votó a favor de despenalizarlos.

En religión coinciden en tres de cuatro: fuera los privilegios fiscales de la Iglesia, fuera los símbolos religiosos de los edificios públicos, fuera la asignatura de religión con efectos académicos. Divergen en la financiación de la concertada religiosa, que Podemos rechaza y ante la que Junts no toma posición, herencia del poso democristiano de Convergència que nunca rompió activamente con el concierto.

En libertad civil coinciden solo en una de cuatro: la eutanasia, que Junts votó a favor tanto en la ley original como en su agilización posterior. Sobre el aborto no se pronuncia, pese a haber votado contra las enmiendas de PP y Vox que buscaban frenar su blindaje constitucional; sobre videovigilancia y reconocimiento facial tampoco tiene posición pública prominente; y en drogas rechaza la despenalización del consumo adulto que Podemos defiende. Es la agenda del cuerpo aplicada caso por caso, no como bloque.