JuntsvsCUP

La Candidatura d'Unitat Popular no nace como un partido al uso, sino como una confluencia de candidaturas municipalistas de base, asamblearias y anticapitalistas, que tardan años en dar el salto al Parlament. Decide sus posiciones en asamblea y rota los cargos: no aspira a gestionar el Govern, sino a presionarlo desde fuera.

Junts desciende de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido que fundó Jordi Pujol en 1974 y que gobernó Cataluña más de dos décadas desde una posición nacionalista moderada, democristiana en lo social y liberal en lo económico. Tras el referéndum de octubre de 2017 y el exilio de Carles Puigdemont, esa tradición se reorganiza en torno a su figura bajo la marca actual.

Las dos formaciones ya se cruzaron antes de que Junts existiera como tal. Tras las elecciones catalanas de 2015, la CUP bloqueó en varias votaciones la investidura de Artur Mas, el candidato de Convergència, y abrió así la puerta a la presidencia de Puigdemont: sin ese bloqueo asambleario, la genealogía directa de Junts habría sido otra.

El eje territorial los separa solo tres puntos, la distancia más pequeña de las nueve y la misma cifra exacta que separa a Esquerra Republicana de la propia CUP. Solo tres de los ciento treinta y seis pares del test quedan más cerca, y los tres marcan distancia territorial nula. Coinciden en las cuatro preguntas: Cataluña, el País Vasco y Galicia son naciones con derecho a decidir, España debería avanzar hacia un Estado federal, el castellano no debe imponerse por ley como lengua vehicular y las autonomías no deben devolver competencias.

En régimen la distancia sube a treinta puntos, porque la CUP ocupa un extremo rupturista más hondo que Junts, pero responden igual a las cuatro preguntas: ninguno preserva la monarquía, los dos quieren sustituir el régimen del 78, ninguno da por vigente la Constitución y los dos sostienen que sus élites han traicionado a los ciudadanos. Esta última la comparte la mayoría del arco; las otras tres, no.

Y en libertad de expresión, veinticinco puntos y otra vez las cuatro preguntas resueltas igual. Ninguno acepta que ninguna opinión deba ser nunca delito por su contenido, los dos consideran necesarias las leyes contra el discurso de odio hacia colectivos protegidos, los dos derogarían las penas por ofender a la corona o a los símbolos del Estado y ninguno pide una regulación mínima de medios y redes. Es un catálogo selectivo, no una defensa simétrica de la palabra.

La economía es su mayor distancia, y la única donde no comparten ni una de las ocho preguntas. Junts puntúa veinticinco del lado del mercado, una posición moderada dentro del arco; la CUP puntúa noventa del intervencionista, el extremo de los diecisiete partidos del test. Entre uno y otro no hay matiz de gestión: hay dos ideas incompatibles de qué debe hacer el Estado con la economía.

Junts defiende que bajar los impuestos a las empresas crea más empleo del que se pierde por la reducción de servicios públicos, y que flexibilizar el despido facilita la contratación; se opone a topar el alquiler, a gravar las grandes fortunas, a subir el salario mínimo, a blindar las pensiones por reparto, a una sanidad exclusivamente pública y a la renta básica universal. La CUP sostiene lo contrario en las ocho.

La raíz no es solo programática. Junts hereda una tradición que ha gobernado Cataluña y pactado en Madrid con el PSOE y con el PP; la CUP se define como anticapitalista y estructuralmente ajena al Govern. No discuten cuánto Estado, sino si el marco es el capitalismo o su sustitución.

El eje identitario los separa setenta y cinco puntos, la segunda mayor distancia del par, pero el número esconde algo que las preguntas desmienten: coinciden en cinco de las seis. Los dos apoyan las cuotas de paridad, los dos defienden el lenguaje inclusivo en documentos oficiales, los dos quieren que el Estado proteja los derechos colectivos de grupos discriminados y los dos rechazan que la identidad cultural española sea un bien que proteger. Y los dos quedan neutrales ante priorizar a los españoles en el acceso a servicios, porque ninguno tiene a los españoles como sujeto político: el test corrige a los dos por igual.

La única divergencia real decide todo lo demás: si la inmigración a gran escala amenaza la cultura del país receptor. Junts responde que sí; la CUP, que no. No es una posición heredada, es un giro reciente y documentado: Junts ha endurecido su discurso migratorio bajo la presión de Aliança Catalana, el independentismo etnonacional que le disputa el electorado.

Ese giro reaparece en el internacional, donde los separan sesenta y cinco puntos. Junts quiere reforzar fronteras y reducir la entrada de inmigrantes, y no toma postura sobre regularizar a quienes ya viven y trabajan aquí; la CUP apoya regularizar y se opone a blindar fronteras. Conviene precisarlo: el euroescepticismo de la CUP, de los más duros del arco, hasta rechazar presentarse a las elecciones europeas por considerar la Unión antidemocrática, es un rechazo a la institución, no una posición sobre inmigración, y el test lo corrige de forma expresa para que una cosa no arrastre a la otra.

En tradición coinciden solo en que la tauromaquia no merece protección institucional, y divergen en las otras tres: Junts sostiene que la familia de padre, madre e hijos sigue siendo el modelo de referencia y que las costumbres heredadas deben preservarse, y la CUP defiende que la memoria histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo sea política de Estado, algo que Junts no suscribe.

En religión coinciden en tres de cuatro: eliminar los privilegios fiscales de la Iglesia, no permitir símbolos religiosos en edificios públicos y no dar efectos académicos a la asignatura de religión. Divergen en la concertada religiosa, donde Junts queda neutral, con el poso democristiano de su tradición todavía visible, y la CUP se opone sin matices.

En libertad civil solo se encuentran en la eutanasia, que los dos defienden como derecho no recortable. El resto los separa: Junts se mantiene neutral en el aborto, aunque el test recoge que ha votado en contra de enmiendas restrictivas de PP y Vox que buscaban blindarlo, y neutral también ante la videovigilancia, mientras rechaza despenalizar las drogas. La CUP defiende el aborto sin restricciones, se opone a la videovigilancia y despenalizaría el consumo adulto.