PPvsPSOE

Alianza Popular la funda en 1976 Manuel Fraga Iribarne, que había sido ministro de Franco. A su alrededor se agrupan otros antiguos altos cargos del régimen, gente que había gestionado la dictadura y que ahora aspiraba a gestionar su desmontaje ordenado. La apuesta era conservar cuanto se pudiera del orden anterior dentro del nuevo marco: reforma, no ruptura.

El PSOE llega al mismo momento histórico desde el extremo contrario. Es un partido obrero del siglo XIX que había sido ilegalizado, perseguido y empujado al exilio durante casi cuarenta años. Su refundación política se produce en el congreso de Suresnes, en Francia, donde una generación joven encabezada por Felipe González desplaza a la dirección histórica del exilio y decide que el partido debe volver a España a competir por el poder, no a testimoniar.

En las primeras elecciones democráticas, el reparto de fuerzas es revelador. La UCD de Adolfo Suárez ocupa el centro, el PSOE se consolida como la gran alternativa de izquierda, y Alianza Popular queda reducida a una minoría a la que buena parte del electorado identifica con el pasado que se estaba dejando atrás. Fraga tardaría más de una década en entender que ese techo no se rompía sin refundar el partido y sin ceder el mando a alguien sin biografía franquista.

Lo interesante es lo que ocurre a continuación. Dos partidos con esos orígenes se sientan a redactar juntos, con otros, la Constitución de 1978. Fraga participa en la ponencia constitucional y firma el texto. El PSOE aporta a Gregorio Peces-Barba. El resultado es un pacto deliberadamente ambiguo en los puntos donde el acuerdo era imposible, empezando por el modelo territorial y por el encaje de la Iglesia, y muy concreto en lo demás.

Ese pacto fundacional es la clave para entender por qué hoy, cuando se les pregunta por la monarquía parlamentaria, por si el sistema institucional debe sustituirse, por si la Constitución sigue funcionando y por si las élites del régimen han traicionado a los ciudadanos, PP y PSOE responden exactamente lo mismo. No es casualidad ni convergencia reciente: es que escribieron las reglas a medias y ninguno de los dos tiene incentivo para deslegitimar un edificio del que es propietario.

La demostración más nítida llegó en 2011, con la reforma exprés del artículo 135 acordada entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la oposición de Mariano Rajoy, en plena presión de los mercados sobre la deuda española. Fue la primera reforma sustantiva de la Constitución y se hizo en cuestión de días, sin referéndum, entre los dos partidos que llevaban treinta años presentándose como alternativa uno del otro. Cuando el régimen se sintió amenazado, sus dos propietarios actuaron como uno solo.

Si hay un terreno donde la diferencia entre ambos es limpia, sin dobleces ni matices tácticos, es el religioso. Es el mayor desacuerdo de los nueve ejes del test, y se sostiene en cuatro preguntas donde votan sistemáticamente en direcciones opuestas: la financiación pública de la educación concertada de orientación religiosa, los privilegios fiscales y patrimoniales que conserva la Iglesia católica, la presencia de símbolos religiosos en escuelas y edificios públicos, y la asignatura de religión con efectos académicos en la escuela pública.

El PP defiende las cuatro. El PSOE se opone a las cuatro. No hay aquí ambigüedad calculada ni posición intermedia: es el residuo vivo de la vieja cuestión religiosa española, la que atravesó el siglo XIX y estalló en el XX, y que la Transición no resolvió sino que aparcó mediante acuerdos que siguen vigentes.

Ahora bien, conviene señalar la incoherencia del lado socialista, porque el test la recoge. El PSOE mantiene un laicismo declarativo mientras los conciertos religiosos siguen en pie legislatura tras legislatura, incluso en gobiernos suyos con mayoría suficiente para revisarlos. Es una posición firme en el discurso y considerablemente más tibia en la acción de gobierno, que es exactamente el tipo de distancia que este test intenta medir.

El territorial es el segundo mayor desacuerdo, y también el más malinterpretado. La discusión pública tiende a presentarlo como si el PSOE aceptara la plurinacionalidad y el PP la rechazara. El test dice otra cosa: los dos rechazan que Cataluña, País Vasco y Galicia sean naciones con derecho a decidir su encaje. En eso coinciden.

Donde divergen es en cuánta descentralización administrar dentro de ese marco común. El PP sostiene que las comunidades tienen ya demasiadas competencias y que el Estado debería recentralizar parte, y defiende garantizar por ley el castellano como lengua vehicular en toda España. El PSOE se opone a ambas cosas y acepta avanzar hacia un Estado federal, con asimetrías según el territorio.

Esa asimetría es la clave de la práctica socialista reciente. Las cesiones a Cataluña y al País Vasco de los últimos años no responden a una doctrina federal simétrica, sino a la necesidad aritmética de sostener mayorías parlamentarias con partidos nacionalistas. El PP, que en su día pactó con Convergència y con el PNV para gobernar, ha ido endureciendo su posición territorial a medida que Vox le disputaba el flanco derecho. Los dos han movido su posición territorial por presión parlamentaria, en direcciones opuestas y por el mismo motivo.

En economía la diferencia es real y grande, y recorre casi todas las preguntas del eje. El PP defiende bajar impuestos a las empresas y flexibilizar el despido, y se opone a los topes al alquiler, al impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, a subidas significativas del salario mínimo y a blindar el sistema de pensiones por reparto. El PSOE sostiene la posición contraria en cada uno de esos seis puntos. No es un matiz de gestión: son dos ideas distintas de para qué sirve el Estado.

Pero el desacuerdo tiene techo, y el techo es lo más informativo. Ninguno de los dos apoya una renta básica universal financiada por el Estado. Y ninguno de los dos defiende una sanidad exclusivamente pública: el PSOE acepta los conciertos con la sanidad privada en lugar de eliminarlos, hasta el punto de que el modelo del test necesita una corrección específica para reflejarlo.

Traducido: el PSOE discute el reparto dentro del capitalismo, no el capitalismo. Es socialdemocracia de gestión, keynesiana en el instrumento y post-marxista en la doctrina desde hace décadas. Y el PP no es liberal doctrinario sino un partido de mercado moderado que, cuando ha gobernado, no ha desmantelado el Estado del bienestar que dice querer contener. El espacio real de disputa entre ambos es más estrecho de lo que sus campañas sugieren, y bastante más ancho de lo que sostiene quien dice que son lo mismo.

Hay un terreno donde el acuerdo es tan completo que casi nunca aparece en el debate público, precisamente porque no hay conflicto que explotar. Los dos sostienen que España gana más perteneciendo a la Unión Europea de lo que pierde en soberanía, y los dos rechazan que la soberanía nacional deba primar sobre cualquier marco supranacional. El europeísmo es patrimonio común del turno.

Y hay algo más incómodo. Ninguno de los dos suscribe que una opinión no deba ser nunca delito por su contenido, y ninguno renuncia a que el Estado regule medios y redes sociales. Su distancia en el eje de libertad de expresión es de las menores de los nueve.

Difieren en qué discurso perseguir, no en si perseguirlo. El PP conserva y defiende los tipos penales que protegen símbolos, sentimientos religiosos e instituciones. El PSOE ha impulsado la memoria penal y la ampliación de los delitos de odio, y no ha derogado la ley de seguridad ciudadana pese a haberlo prometido. Son dos catálogos distintos de opiniones punibles sostenidos por la misma premisa: que hay cosas que no se pueden decir.

Puestas las nueve posiciones sobre el mismo mapa, la afinidad entre PP y PSOE es del sesenta y nueve por ciento. Es una cifra que incomoda a los dos y que conviene leer con precisión: mide distancia entre posiciones, no coincidencia de votos. En las cuarenta y dos afirmaciones concretas coinciden solo en diez, porque el voto es binario y la posición es gradual. Cuando los dos indicadores divergen tanto, la divergencia misma es el dato.

Quedan dos ejes que no encajan ni en el bloque del acuerdo ni en el de la discrepancia. En libertad civil el PSOE queda casi en el centro, apenas del lado liberal, pese a apoyar aborto, eutanasia y despenalización del consumo de drogas. Lo que lo frena no es una sola pregunta sino el conjunto del eje: apoya el aborto, la eutanasia y la despenalización del consumo adulto de drogas, y también rechaza ampliar la videovigilancia, pero su posición agregada queda apenas rozando el lado liberal porque su acción de gobierno en materia de orden público ha sido bastante menos garantista que su programa.

En identitarismo se separan sesenta puntos, pero el eje no es simétrico y su centro es el universalismo. El PSOE se ha desplazado hacia el identitarismo de minorías (paridad legal, lenguaje inclusivo institucional, protección de derechos colectivos), y el PP hacia la defensa de la identidad cultural española como bien colectivo. Los dos se alejan del centro universalista, cada uno hacia su lado. Y en las dos preguntas más duras del eje, si la inmigración amenaza la cultura del país receptor y si hay que priorizar a los españoles en el acceso a servicios, el PSOE responde que no y el PP no responde ni que sí ni que no: rechaza el marco de la amenaza cultural pero evita pronunciarse.