PPvsCUP

Ese cuarenta y uno por ciento queda siete puntos por debajo de la siguiente afinidad más baja del PP, la que mantiene con Podemos. Coinciden en tres de las cuarenta y dos afirmaciones: solo un par de los ciento treinta y seis posibles coincide en menos, y los cinco que empatan con este son todos de Vox.

Conviene mirar qué son antes de darlas por terreno común. Dos son negativas y casi unánimes: ninguno suscribe que una opinión no deba ser nunca delito por su contenido, la considere alguien fascista, de odio o antiespañola, y ninguno acepta que la regulación estatal sobre medios y redes sea mínima. Quince de los diecisiete responden igual a las dos; solo Ciudadanos y SALF quedan fuera.

La tercera no es una coincidencia sino dos huecos que el modelo rellena a mano. Preguntados por si el Estado debe priorizar a los españoles frente a los inmigrantes, los dos quedan neutrales por razones distintas: la Candidatura no usa a los españoles como categoría propia, corrección que el test aplica a todos los nacionalismos sin Estado; el PP rechaza el criterio sin suscribir el contrario. No comparten una sola posición que los distinga del resto del arco.

Alianza Popular la funda en 1976 Manuel Fraga Iribarne, que había sido ministro de Franco, con la apuesta de reformar el orden anterior en lugar de romperlo. Fraga participó en la ponencia que redactó la Constitución y firmó el texto, y de la refundación de finales de los ochenta, con José María Aznar al frente, salió el Partido Popular.

La Candidatura d'Unitat Popular llega por el camino inverso. Nace de candidaturas municipalistas de base, anticapitalistas e independentistas, y tarda en dar el salto al Parlament. Decide en asamblea, rota los cargos y limita las carreras institucionales. Tampoco concurre a las europeas, porque tiene a la Unión por una arquitectura antidemocrática, y esa ausencia es doctrina, no cálculo.

Entre los dos no hay un episodio compartido, ni un pacto ni una negociación, a diferencia de la larga relación que el PP acumula con el nacionalismo catalán convergente y con el vasco. Sus cruces han sido siempre adversariales: el recurso contra el Estatut, cuya anulación parcial abrió el ciclo soberanista, y la suspensión de la autonomía catalana.

La mayor separación del par es la territorial, ciento sesenta y tres puntos, la mayor también que el PP mantiene con cualquiera de los dieciséis. La Candidatura puntúa noventa y ocho, la posición más plurinacional del test; el PP queda del lado unitario, y divergen en las cuatro preguntas del eje.

La segunda son ciento sesenta puntos de régimen, otra vez con las cuatro divergentes. El PP es el segundo más continuista del 78 de los diecisiete, solo por detrás de Ciudadanos; la Candidatura queda hondamente instalada en el rupturismo. Una de las cuatro distingue poco: la frase sobre unas élites del régimen que traicionaron a los ciudadanos la firman trece de los diecisiete, y el PP es uno de los cuatro que la niegan.

La tercera son ciento cuarenta puntos de economía, y solo dos pares de los ciento treinta y seis registran una distancia mayor en ese eje. La Candidatura marca noventa del lado intervencionista, el extremo de los diecisiete; el PP, cincuenta del lado del mercado, la cifra exacta de Vox y de Ciudadanos. Las ocho preguntas económicas se responden al revés, y las de religión y costumbres también.

El noveno eje, el de libertad de expresión, es el único que los deja del mismo lado del cero: quince puntos, menos de la mitad de la media del test en ese terreno, cuando en los otros ocho la superan. Y el lado que comparten no es el de la libertad: de los diecisiete partidos solo dos caen del lado positivo, Ciudadanos y SALF.

Las otras dos preguntas del eje son un espejo exacto. El PP rechaza las leyes que penalizan el discurso de odio hacia colectivos protegidos y mantiene las penas por ofender a los símbolos del Estado, a la corona y a los sentimientos religiosos; la Candidatura responde lo contrario en ambas, y el modelo necesita una corrección expresa en los dos casos. Cada uno retira la protección penal del catálogo ajeno y conserva el propio.

El eje es simétrico por diseño, y ahí está su utilidad: penar una opinión cuenta igual la pene quien la pene, y ninguno queda acreditado por rechazar solo la lista que le incomoda. Su única cercanía en los nueve ejes no describe un resto de consenso liberal, sino dos catálogos distintos de cosas que no se pueden decir sostenidos sobre la misma premisa.

El internacional los separa ochenta y cinco puntos y contiene la inversión más contraintuitiva del par. En las dos preguntas europeas el reparto es el previsible: el PP sostiene que España gana más en la Unión Europea de lo que pierde en soberanía y la Candidatura lo niega, con una puntuación soberanista idéntica a la de Vox. En las dos migratorias los papeles se invierten: ella regularizaría a los inmigrantes con arraigo y no reforzaría fronteras; él defiende el refuerzo fronterizo y calla sobre la regularización.

No es una rareza de lectura sino del instrumento, y el modelo lo reconoce: los dos llevan corrección expresa en ese eje y en direcciones contrarias, porque un solo vector mezcla dos debates, la arquitectura supranacional y la frontera. El euroescepticismo de la Candidatura es de procedimiento, no de frontera; el europeísmo del PP convive con la posición migratoria más restrictiva de las dos.

El identitario los separa ciento cinco puntos sobre doscientos posibles, y no es simétrico: su centro es el universalismo y sus polos son contrarios. La Candidatura es la segunda del test en protección de minorías, tras Podemos; el PP está enfrente, aunque es el más próximo al centro de los siete de ese lado y el único de los diecisiete que no responde ni sí ni no a si la inmigración amenaza la cultura receptora. Queda el cuerpo, ochenta y cinco puntos: en aborto, eutanasia y videovigilancia el PP vota lo que Vox, Núcleo Nacional y Falange.