Partido PopularvsSe Acabó La Fiesta

En economía no hay una sola divergencia: coinciden en las ocho preguntas del eje. Bajar impuestos a las empresas, flexibilizar el despido, rechazar los topes al alquiler y el impuesto a las grandes fortunas, oponerse a subidas fuertes del salario mínimo, no blindar las pensiones frente a la capitalización, no exigir sanidad exclusivamente pública y rechazar la renta básica universal. Quince puntos separan sus vectores agregados; en cada afirmación concreta responden igual.

En tradición y en territorio ocurre lo mismo: cuatro de cuatro en cada eje. Ambos sitúan la familia con padre, madre e hijos como modelo a favorecer por ley, defienden la tauromaquia y las costumbres heredadas, y rechazan que la memoria histórica sea política de Estado. En territorio niegan que Cataluña, País Vasco y Galicia sean naciones con derecho a decidir, rechazan el federalismo, exigen el castellano como lengua vehicular por ley y quieren recentralizar competencias.

Son dieciséis de las veintisiete coincidencias del par, más de la mitad, y cubren el terreno que domina el debate cotidiano: impuestos, pensiones, familia, toros, autonomías. Medida solo por ahí, la afinidad sería casi total: es la misma derecha económica y cultural tradicionalista bajo dos etiquetas distintas.

En identitarismo también hay base firme: rechazan las cuotas de paridad, el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y que el Estado proteja derechos colectivos de grupos discriminados, y ambos sostienen que la identidad cultural española es un bien colectivo a proteger. Cuatro respuestas idénticas en un eje que reparte a los diecisiete partidos entre el polo de las minorías protegidas y el de la mayoría protegida, y aquí caen del mismo lado.

La distancia del eje, cuarenta y cinco puntos, se concentra en dos preguntas más duras: si la inmigración amenaza la cultura del país receptor y si el Estado debe priorizar a los españoles frente a los inmigrantes en sanidad, vivienda y ayudas. SALF responde que sí a las dos. El PP no responde que no: queda neutral, sin adoptar el marco de la amenaza cultural ni comprometerse con la prioridad excluyente.

En religión pasa lo contrario: la distancia es de treinta y cinco puntos, la tercera mayor del par, y aun así coinciden en las cuatro preguntas, la concertada religiosa, los privilegios de la Iglesia, los símbolos públicos y la asignatura confesional. El PP está mucho más arriba en el polo confesional, pero el voto es binario y la posición de fondo es gradual: dos intensidades, un mismo sí.

En libertad civil la distancia agregada es mínima, cinco puntos, pero solo coinciden en una de cuatro preguntas: ninguno saca el consumo adulto de drogas de la persecución penal. En aborto, eutanasia y videovigilancia el PP tiene posición definida en las tres, y SALF queda neutral en las tres. No es que discrepen: el modelo no encuentra postura documentada de SALF sobre autonomía corporal más allá de las drogas.

En libertad de expresión sí hay posiciones enfrentadas: cincuenta puntos de distancia, PP en el lado negativo y SALF en el positivo. De los diecisiete partidos del test solo dos quedan del lado de la libertad simétrica: Ciudadanos, con sesenta puntos, y SALF, con veinticinco. El PP está claramente al otro lado.

Coinciden en una sola pregunta, la más reñida: rechazar las leyes contra el discurso de odio hacia colectivos protegidos, algo que en el PP exige corregir a mano su vector, que por sí solo daría la respuesta contraria. En el resto discrepan: SALF sostiene que ninguna opinión debe ser delito y quiere regulación mínima de medios; el PP mantiene las leyes que protegen de ofensas a la corona, al ejército y a los símbolos del Estado.

En el eje internacional, ciento cinco puntos separan a un PP que sostiene que España gana más en la Unión Europea de lo que pierde en soberanía, de un SALF que sostiene lo contrario y antepone la soberanía nacional a cualquier marco supranacional. El PP no toma postura sobre regularizar a los inmigrantes con arraigo; SALF se opone. La única coincidencia es reforzar fronteras y reducir la entrada de inmigración.

En régimen la distancia también es de ciento cinco puntos, sin una sola coincidencia entre las cuatro preguntas. El PP defiende la monarquía, sostiene que la Constitución funciona en lo esencial y rechaza sustituir el régimen y la idea de que las élites hayan traicionado a los ciudadanos. SALF sostiene lo contrario en sustitución y en traición, y calla sobre la monarquía: es el único de los diecisiete partidos cuyas cuatro respuestas de régimen exigen corrección manual, y el único sin postura sobre la Corona.

Estos dos ejes, empatados como los más anchos del par, separan a un partido que ha gobernado España dentro del marco constitucional y europeo de una formación que se define contra ese marco. En economía, tradición y territorio comparten casi todo; en el diseño institucional, no comparten nada.

El PP hereda la refundación de Alianza Popular a finales de los años ochenta, cuando una generación sin biografía en el franquismo tomó el relevo de Manuel Fraga. Forma parte desde entonces de la familia democristiana y conservadora europea, el Partido Popular Europeo, y ha gobernado España alternándose con el PSOE dentro del sistema surgido de la Transición: es, literalmente, quien ha administrado el edificio institucional que hoy defiende en el test.

SALF no viene de ninguna escisión ni refundación. No hereda estructura territorial, cuadros ni congresos previos: se organiza en torno a la denuncia de corrupción y a la crítica frontal de la clase política en su conjunto, un patrón de movimiento antiestablishment que en la última década se ha repetido en varios países europeos, con organizaciones nacidas fuera de los partidos tradicionales que dirigen su rechazo tanto a la izquierda como a la derecha instalada.

Ahí está la diferencia de fondo. El discurso contra la clase política no es nuevo en España ni patrimonio de un solo signo: lo ha usado la izquierda y la derecha, cada una contra su adversario. Lo distintivo de SALF es que su denuncia no excluye a la derecha de gobierno: el PP entra en el mismo paquete de élites que, según SALF, han traicionado a los ciudadanos, pese a compartir con él casi todo el programa cultural y económico.