PPvsBildu

ETA se constituye en 1959 con jóvenes salidos de las filas del nacionalismo vasco, y a su alrededor existió durante décadas un espacio político que no condenó su violencia. Entre las víctimas hubo cargos del PP: Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián, asesinado en 1995, y Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua, en 1997. En abril de aquel 1995 un coche bomba atentó contra José María Aznar, líder de la oposición, que salió ileso. Hubo también terrorismo de Estado, el del GAL, con condenas firmes.

La respuesta institucional corrió en paralelo. Alianza Popular, de la que procede el PP, firmó el Pacto de Ajuria Enea en 1988 con el resto del Parlamento vasco, salvo Herri Batasuna. En 2000, PP y PSOE firmaron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, y bajo el gobierno de Aznar, con respaldo socialista, se aprobó la Ley de Partidos de 2002, que dejó a aquel espacio fuera de las urnas.

ETA cesó su actividad armada en 2011 y se disolvió en 2018. EH Bildu se constituye en 2012 tras un debate interno que asumió las vías exclusivamente políticas, con Arnaldo Otegi como figura del giro (condenado en el caso Bateragune, con sentencia anulada tras apreciar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falta de imparcialidad). Hoy sostiene mayorías en Madrid a las que el PP se opone frontalmente. Nada de eso entra en los nueve ejes.

Lo habitual es que un eje destaque y ordene la lectura. Aquí hay dos iguales: territorio y régimen valen ciento cincuenta y cinco puntos cada uno. Solo seis de los ciento treinta y seis pares tienen dos ejes empatados arriba del todo, y ninguno empata tan alto. La media del test es de noventa y dos puntos en territorio y setenta y tres en régimen.

Las ocho preguntas de ambos ejes divergen sin una respuesta común. El PP niega que Cataluña, País Vasco y Galicia sean naciones con derecho a decidir, rechaza el Estado federal, quiere el castellano vehicular por ley y más recentralización; y sostiene que la monarquía debe preservarse, que la Constitución del 78 funciona y que ni el sistema debe sustituirse ni sus élites han traicionado a nadie. EH Bildu responde lo contrario a las ocho.

Esa última distingue poco: la firman trece de los diecisiete, y solo cuatro la rechazan, el PP, el PSOE, Ciudadanos y el PNV. El empate significa que no discuten una cosa sino dos que no se resuelven una dentro de la otra: quién es el sujeto que decide, y bajo qué reglas.

Cinco coincidencias en cuarenta y dos afirmaciones, con una afinidad de vector del cuarenta y nueve por ciento. Detrás hay seis ejes completos, veintiocho afirmaciones, sin una casilla compartida: economía, tradición, religión, libertad civil, territorio y régimen. Siete de los nueve los dejan en lados opuestos del cero; solo expresión y el internacional, del mismo.

En economía los separan ciento veinte puntos y divergen las ocho preguntas: el PP apoya bajar impuestos a las empresas y flexibilizar el despido, y rechaza los topes al alquiler, el impuesto a las grandes fortunas, subir el salario mínimo, blindar las pensiones, la sanidad exclusivamente pública y la renta básica. En religión, otros ciento veinte y las cuatro preguntas cruzadas.

El eje civil desordena la atribución habitual: setenta puntos y las cuatro preguntas divergentes, con el PP del lado de la coacción y EH Bildu del de la libertad en aborto, eutanasia, drogas y reconocimiento facial. En tradición, ochenta puntos: el modelo familiar de referencia, la tauromaquia y las costumbres heredadas de un lado; la memoria histórica como política de Estado del otro.

Su menor distancia son cinco puntos en libertad de expresión, y los dos están del mismo lado, el de penar opiniones. Ahí caen dos de sus cinco coincidencias: ninguno suscribe que ninguna opinión deba ser delito por su contenido, ni acepta que la regulación de medios y redes sea mínima. Quince de los diecisiete responden igual; solo se salen Ciudadanos y SALF.

Lo informativo son las dos preguntas donde sí divergen, que son la imagen especular una de la otra. El PP mantiene los tipos penales que castigan las ofensas a los símbolos del Estado, a la corona, a las fuerzas armadas y a los sentimientos religiosos, y rechaza las leyes contra el discurso de odio hacia colectivos protegidos. EH Bildu hace lo inverso, y conserva la protección penal de los colectivos.

El eje está construido simétrico a propósito: caza por igual a quien pena opiniones desde un lado y desde el otro, y por eso los sitúa en el mismo terreno pese a estar enfrentados en todo lo demás. Cada uno protege el discurso de los suyos y castiga el del adversario. No discuten si hay cosas que no se pueden decir, sino cuáles.

En identitarismo los separan setenta y cinco puntos, en lados opuestos del centro, que en este eje es el universalismo. El PP cae del lado del identitarismo de mayoría: la identidad cultural española es un bien colectivo que el Estado debe proteger. EH Bildu cae del de las minorías protegidas, con cuotas, lenguaje inclusivo y amparo a los derechos colectivos de los grupos históricamente diferenciados, entre los que la afirmación cita a las naciones sin Estado.

Los dos son nacionalismos y el eje los manda a polos contrarios. El criterio que produce ese resultado es si la nación defendida tiene Estado propio: la que no lo tiene puntúa como minoría amparable, la que lo tiene como mayoría que se blinda. Es defendible, y no es neutral. Tampoco es ciego a qué nación: Aliança Catalana defiende una sin Estado y queda en el polo contrario.

Su única coincidencia identitaria es un doble espacio en blanco. Ante la pregunta de si el Estado debe priorizar a los españoles frente a los inmigrantes en sanidad, vivienda y ayudas, ninguno responde: el PP porque no los excluye de la sanidad universal y rechaza el marco de la amenaza cultural de Vox; EH Bildu porque los españoles no son su sujeto político. Ocho de los diecisiete la dejan vacía.