PodemosvsERC

Esquerra Republicana de Catalunya se funda en 1931, en vísperas de la Segunda República, y es el partido de Francesc Macià y Lluís Companys. Republicana, laica y de izquierdas, gobernó la Generalitat, proclamó desde ella el Estado catalán y acabó con su presidente fusilado. Luego, clandestinidad, exilio y décadas a la sombra de la Convergència de Jordi Pujol.

Podemos nace en 2014, del ciclo que abrió el 15-M y del impulso de un grupo de politólogos de la Complutense reunido en torno a Pablo Iglesias. Su caja de herramientas es la del populismo de Laclau y Mouffe, no la del racionalismo ilustrado, y su recorrido fue rápido en los dos sentidos: irrupción, gobierno de coalición, las salidas de Errejón y de Iglesias, y la ruptura con Sumar.

El entendimiento entre ambos viene de una decisión temprana: Podemos asumió desde su fundación el derecho a decidir, que ni el PSOE ni la tradición de Izquierda Unida habían aceptado. Eso lo hizo interlocutor natural del independentismo en el Congreso, de las mociones a la amnistía. En Cataluña la relación es otra: su espacio circula por los comuns y compite con Esquerra por el mismo electorado. Aliados en Madrid, rivales en Barcelona.

Su afinidad es del ochenta y nueve por ciento, séptima entre los ciento treinta y seis pares posibles y empatada al redondeo con la de Podemos y EH Bildu. De los seis pares que quedan por delante, cuatro incluyen a uno de estos dos partidos, y tres los forman entre sí Esquerra, EH Bildu y el Bloque.

Ocho de los nueve ejes no registran ni una discrepancia, y el caso más instructivo es la economía: treinta puntos de distancia y las ocho respuestas idénticas. Los dos niegan que bajar impuestos a las empresas cree empleo neto y que flexibilizar el despido ayude a crearlo, y defienden los topes al alquiler, el impuesto sobre las grandes fortunas, la subida del salario mínimo y las pensiones por reparto intactas.

Coinciden también en las dos casillas que marcan el techo de la socialdemocracia clásica: la sanidad exclusivamente pública, que firman nueve de los diecisiete, y la renta básica universal, que firman siete. Esquerra puntúa cincuenta y cinco del lado intervencionista y Podemos ochenta y cinco, y esa diferencia no aparece en ninguna respuesta. La escala es gradual y la casilla es binaria.

El identitario es el eje donde más lejos quedan, treinta y cinco puntos, y no mide grados de una misma cosa: su centro es el universalismo y sus polos son contrarios. Podemos marca ochenta y cinco, el máximo del lado de las minorías protegidas entre los diecisiete; Esquerra, cincuenta, empatada con EH Bildu. Aun así coinciden en cinco de las seis preguntas.

Los dos suscriben las cuotas legales de paridad, el lenguaje inclusivo oficial y el reconocimiento de derechos colectivos de grupos discriminados, y niegan que la identidad cultural española sea un bien que el Estado deba proteger y que la inmigración amenace la cultura receptora. La sexta pregunta es si el Estado debe priorizar a los españoles en sanidad, vivienda y ayudas. Podemos responde que no. Esquerra no responde.

Ese hueco es una corrección documentada que alcanza a los siete nacionalismos sin Estado del test (Esquerra, Junts, la CUP, Aliança Catalana, EH Bildu, el PNV y el Bloque), más el PP como octavo neutral por otro motivo. Contarla como divergencia es una asimetría del modelo, no una posición: uno rechaza el criterio y al otro no le alcanza el sujeto de la pregunta.

Podemos lleva una sola corrección manual sobre las cuarenta y dos afirmaciones y Esquerra dos, de los perfiles que menos necesitan de los diecisiete. Comparten una: los dos derogarían las penas por ofender a la corona, a los símbolos del Estado y a las fuerzas armadas, tipos que solo cuatro partidos mantienen. La que no comparten es exactamente la única divergencia del par.

En libertad de expresión los separan veinticinco puntos, las cuatro respuestas son iguales y ninguna es un elogio. Ninguno suscribe que una opinión no deba ser nunca delito por su contenido, posición que solo sostienen Ciudadanos y SALF. Los dos consideran necesarias las leyes que penalizan el discurso de odio hacia colectivos protegidos, y ninguno acepta que la regulación estatal de medios y redes sea mínima.

El eje es simétrico y mide el castigo, no su dirección. Aquí no comparten solo la premisa: comparten el catálogo, a diferencia de otros pares de la izquierda donde la discrepancia era sobre qué discurso perseguir. La asimetría es idéntica en ambos: se conserva la protección penal de los colectivos y se retira la que ampara al símbolo que no se siente propio.

En territorio Podemos marca sesenta y cinco y Esquerra noventa y cinco, empatada con Junts y solo por detrás de la CUP, y las cuatro respuestas vuelven a ser idénticas. Los dos sostienen que Cataluña, País Vasco y Galicia son naciones con derecho a decidir, los dos avanzarían hacia un Estado federal, ninguno impondría por ley el castellano como lengua vehicular y ninguno recentralizaría.

Los treinta puntos no aparecen porque ninguna de las cuarenta y dos preguntas es sobre la secesión. La batería mide plurinacionalidad, derecho a decidir y reparto de competencias, y en esas tres cosas un federalista de vocación asimétrica responde lo mismo que un independentista. Conviene decirlo sin coartada: el desacuerdo existe, es el principal que tienen, y el instrumento no llega hasta él.

El régimen repite el patrón con quince puntos. Los dos están del lado rupturista con las mismas cuatro respuestas, incluida la de que las élites del 78 traicionaron a los ciudadanos, que firman trece de los diecisiete: no acredita de antisistema a nadie. Pero uno quiere sustituir ese régimen por otro español y el otro quiere salir de él. Las preguntas indagan si romper, no hacia dónde.