PSOEvsCUP

El PSOE es un partido obrero del siglo XIX que atravesó la ilegalización y casi cuarenta años de exilio, y que se refundó políticamente en el congreso de Suresnes, cuando una generación encabezada por Felipe González decidió volver a competir por el poder en lugar de testimoniar. Poco después renunció al marxismo doctrinal, aportó a Gregorio Peces-Barba a la ponencia constitucional y coescribió el texto de 1978.

La Candidatura d'Unitat Popular llega por el camino contrario y se organiza para no parecerse a lo anterior. Nace como confluencia de candidaturas municipalistas, anticapitalistas e independentistas, decide en asamblea, rota los cargos y nunca ha formado parte de un Govern. Tampoco concurre a las europeas, porque tiene a la Unión por una arquitectura antidemocrática.

No se han necesitado nunca. Cuando se aplicó el artículo 155 y quedó suspendido el autogobierno catalán, el PSOE respaldó la medida junto al gobierno del PP y la Candidatura estaba en el lado que la sufría. Un partido que administra el marco constitucional y una candidatura cuya razón de ser es sustituirlo tienen poco que negociar.

Tres ejes enteros no producen ni una divergencia, y son los que el debate público presenta como el gran divisor moral español. En costumbres los dos rechazan que la familia de padre, madre e hijos sea el modelo que las leyes deban favorecer, que la tauromaquia sea patrimonio protegible y que las tradiciones heredadas deban blindarse frente al cambio, y los dos quieren memoria histórica como política activa del Estado.

En religión, las cuatro otra vez: ni concertada de orientación religiosa con dinero público, ni símbolos religiosos en edificios oficiales, ni asignatura de religión con efectos académicos, y los privilegios fiscales de la Iglesia fuera. En libertad civil, las cuatro de nuevo: aborto, eutanasia, consumo adulto de drogas y rechazo al reconocimiento facial. Doce afirmaciones seguidas con la misma casilla marcada.

En economía los separan sesenta puntos y aun así coinciden en seis de las ocho preguntas. Las dos que fallan son siempre las mismas: la Candidatura quiere sanidad exclusivamente pública y renta básica universal; el PSOE no se pronuncia sobre la primera, porque gobernando mantiene los conciertos con la privada, y rechaza la segunda. Son las dos casillas que también lo separan de Sumar, Podemos, Esquerra, EH Bildu y el BNG.

El eje del régimen es la mayor distancia del par por un margen amplio, ciento cincuenta y cinco puntos, y el único de los nueve sin una respuesta común. El PSOE queda en setenta del lado continuista del 78 y la Candidatura en ochenta y cinco del rupturista: ahí se concentra un tercio de todas sus divergencias.

El PSOE preserva la monarquía parlamentaria y da por válida la Constitución; la Candidatura responde que no a ambas y sí a sustituir el régimen entero. Esas dos posiciones del PSOE las sostienen cinco partidos de diecisiete, los mismos cinco: con él, el PP, Vox, Ciudadanos y el PNV. La cuarta pregunta, si las élites del 78 traicionaron a los ciudadanos, distingue mucho menos: la firman trece.

Con quién comparte la Candidatura esa puntuación incomoda, y por eso hay que precisarlo: coincide exactamente con Aliança Catalana y queda a diez puntos de Núcleo Nacional y de Falange. Es una coincidencia sobre una posición concreta, impugnar el marco vigente. El test pregunta si el régimen debe sustituirse, no qué se pondría en su lugar, que es donde esos cuatro no tienen nada que ver.

La segunda separación son cien puntos en el eje internacional: el PSOE en sesenta del lado cosmopolita y la Candidatura en cuarenta del soberanista, la puntuación exacta de Vox. Dos divergencias son directas. El PSOE sostiene que España gana más en la Unión de lo que pierde en soberanía y niega la primacía de la soberanía nacional sobre los marcos supranacionales; la Candidatura responde lo contrario en ambas.

La tercera corre en dirección opuesta a la del vector. Preguntados por blindar fronteras, la Candidatura dice que no y el PSOE es el único de los diecisiete que no responde, porque su práctica fronteriza de gobierno no acompaña a su discurso. Los dos apoyan regularizar. Siete partidos rechazan la Unión y ella es la única que además firma esas dos: su euroescepticismo es de procedimiento, no de frontera.

El territorio, que debería partirlos por la mitad, separa menos de lo que se supone: setenta y ocho puntos, por debajo de la media del test en ese eje, que pasa de noventa. Coinciden en tres de cuatro preguntas: Estado federal, ningún castellano vehicular impuesto por ley, ninguna recentralización. Divergen solo en la premisa, si Cataluña, País Vasco y Galicia son naciones con derecho a decidir.

La menor distancia del par son cinco puntos en libertad de expresión, y no hay nada que celebrar. Ninguno suscribe que una opinión no deba ser nunca delito por su contenido, algo que de los diecisiete solo firman Ciudadanos y SALF; los dos tienen por necesarias las leyes que penalizan el discurso de odio; ninguno acepta que la regulación de medios y redes sea mínima.

La única divergencia son los tipos que castigan las ofensas a los símbolos del Estado, a la corona y a las fuerzas armadas: la Candidatura los derogaría y el PSOE, que rebajó esas penas sin suprimir los artículos, no se pronuncia. El patrón es idéntico con distinta cobertura: cada uno recorta el catálogo penal que ampara lo que no siente propio y conserva el que ampara a los colectivos que reconoce.

El eje está construido para ser simétrico y aquí caza a los dos por el mismo lado: lo que comparten un partido de gobierno y una candidatura antisistema no es un terreno común de libertad, sino un acuerdo sobre qué opiniones pueden castigarse.