FE-JONSvsSALF

Una renta básica universal financiada por el Estado es la respuesta correcta a la pérdida de empleos por automatización e IA.

Bajar los impuestos a las empresas crea, en conjunto, más empleo del que se pierde por la reducción de servicios públicos.

El Estado debe poder fijar topes legales al precio del alquiler en zonas tensionadas.

Es legítimo establecer un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para sostener el gasto social.

Flexibilizar las condiciones de despido es preferible a restringirlas si con ello se facilita la creación de empleo.

El Estado debe seguir subiendo el SMI de forma significativa para mejorar las rentas bajas, aunque algunas empresas no puedan asumirlo.

El sistema público de pensiones por reparto debe mantenerse íntegro, sin abrir la puerta a planes complementarios capitalizados.

La sanidad debe ser exclusivamente pública; los conciertos con la sanidad privada deben reducirse al máximo.

La familia formada por padre, madre e hijos sigue siendo el modelo de referencia que las leyes deberían favorecer especialmente.

La tauromaquia es patrimonio cultural y debe ser protegida como tal por las instituciones públicas.

Las costumbres y tradiciones heredadas (ritos familiares, fiestas, jerarquías sociales) deben preservarse activamente frente a presiones de cambio rápido.

La memoria histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo debe ser política activa del Estado, no asunto privado dejado al pasar del tiempo.

La educación concertada de orientación religiosa cumple una función social y debe seguir financiándose con dinero público.

Los privilegios fiscales y patrimoniales que la Iglesia católica conserva en España son injustificables y deberían eliminarse.

La presencia de símbolos religiosos (crucifijos, etc.) en escuelas y edificios públicos es legítima y debe permitirse.

La asignatura de religión en la escuela pública debe ofrecerse como opción con efectos académicos plenos.

El consumo de drogas por parte de un adulto, mientras no dañe a terceros, no debe ser perseguido ni penalizado.

El aborto debe ser una decisión exclusivamente de la mujer dentro de plazos amplios; el Estado no debe interferir.

La eutanasia es una decisión personal sobre la propia vida y el Estado debe reconocerla como derecho amplio, no recortable.

El Estado tiene legitimidad para desplegar más cámaras y reconocimiento facial en el espacio público aunque eso reduzca la privacidad.

Las leyes que penalizan el discurso de odio hacia colectivos protegidos (LGTBI, minorías, mujeres) son necesarias y proporcionadas.

Ninguna opinión debe ser delito por su contenido, la considere alguien 'fascista', 'de odio', 'antiespañola', 'blasfema' o cualquier otra etiqueta.

Las leyes que penalizan ofensas a símbolos del Estado, a la corona, a las fuerzas armadas o a sentimientos religiosos deben mantenerse.

La regulación estatal sobre los medios de comunicación y las redes sociales debe ser mínima; la presión política sobre RTVE u otros medios públicos es un problema mayor que la desinformación.

Las cuotas legales de paridad por sexo en cargos públicos y consejos de administración son una herramienta legítima del Estado.

El uso de lenguaje inclusivo o desdoblado en documentos oficiales y leyes es necesario para reconocer a los grupos históricamente invisibilizados.

El Estado debe reconocer y proteger activamente los derechos colectivos de grupos históricamente diferenciados o discriminados (LGTBI, mujeres, naciones sin Estado, minorías étnicas).

La identidad cultural española (lengua común, símbolos, tradiciones) es un bien colectivo que el Estado debe proteger activamente frente a su dilución.

La inmigración a gran escala supone una amenaza para la cultura y la identidad del país receptor que conviene contener.

El Estado debe priorizar a los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes en el acceso a sanidad, vivienda y ayudas sociales.

Cataluña, País Vasco y Galicia son naciones, no solo regiones administrativas, y tienen derecho a decidir sobre su autogobierno.

España debería avanzar hacia un Estado claramente federal, con simetría o asimetría según los territorios.

El castellano debe estar garantizado por ley como lengua vehicular en todas las escuelas, también en territorios con lengua propia.

Las comunidades autónomas tienen demasiadas competencias; el Estado debería recentralizar parte de ellas.

España gana más perteneciendo a la Unión Europea de lo que pierde en soberanía.

España debe priorizar su soberanía nacional por encima de cualquier marco supranacional (UE, tribunales internacionales, instituciones globales).

Conviene regularizar a los inmigrantes en situación irregular que llevan tiempo viviendo y trabajando en España.

España debe reforzar el control de sus fronteras y reducir significativamente la entrada de inmigrantes.

El régimen institucional actual (Constitución del 78, monarquía, sistema de partidos) debería sustituirse por uno nuevo.

La Constitución del 78 sigue funcionando en lo esencial; las reformas necesarias deben hacerse dentro de su marco, no fuera.

Las élites políticas e institucionales del régimen del 78 han traicionado a los ciudadanos y deben ser desalojadas en bloque.

La monarquía parlamentaria, como forma de Estado, debe preservarse.