EH BilduvsPNV

Sabino Arana funda el PNV en Bilbao en 1895 sobre una base católica y foralista. Es también quien acuña el nombre Euzkadi para la nación vasca y diseña la ikurriña, izada por primera vez en 1894 en el batzoki bilbaíno de Abando: el partido nace con aparato simbólico propio antes que con doctrina asentada. Esa doctrina fundacional, cargada de integrismo racial, se fue moderando hacia la democracia cristiana de puertas afuera bajo la generación de José Antonio Aguirre, sin que el partido llegara nunca a repudiarla del todo, y con ese perfil ya suavizado presidió el Gobierno vasco casi toda la etapa autonómica. No respaldó la Constitución de 1978, defendió la abstención en el referéndum y sigue anclando su autogobierno en un título foral anterior al texto.

Durante décadas convivió con el nacionalismo vasco un espacio político que nunca condenó la violencia de ETA, la organización que en 1959 se escindió de ese mismo tronco. La sangre no distinguió de siglas: hubo víctimas en todos los partidos, también militantes del PNV, y hubo terrorismo de Estado, el del GAL, con condenas firmes por el otro lado. La Ley de Partidos de 2002 acabó expulsando aquel espacio de las urnas. ETA cesó su actividad armada en 2011 y se disolvió en 2018.

La relación entre ambos no ha sido lineal: pasó por el frente común de Ajuria Enea, por la convergencia soberanista de Lizarra y por el Plan Ibarretxe, un episodio en el que fue el propio PNV quien jugó a rupturista. Esa historia compartida desemboca en 2012 en la EH Bildu actual, nacida de un debate interno que decantó la organización hacia las vías exclusivamente políticas y que tiene en Arnaldo Otegi su rostro más visible, condenado en el caso Bateragune con una sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló por falta de imparcialidad. Los dos compiten hoy por el mismo electorado nacionalista, con el reparto invertido respecto a Cataluña: aquí es la derecha la que pacta con el Estado y la izquierda la que lo impugna.

En territorio los separan quince puntos, uno a noventa y otro a setenta y cinco, los dos arriba del todo. Responden igual a las cuatro preguntas del eje: naciones con derecho a decidir, Estado federal, ninguna imposición del castellano como lengua vehicular y ninguna recentralización.

En identitarismo vuelven a separarles quince puntos, y ahí el eje corrige a la etiqueta común: los dos quedan del lado de las minorías protegidas y no del etnonacional, porque la nación que defienden no tiene Estado. Rechazan que la identidad cultural española sea un bien a proteger, niegan que la inmigración amenace la cultura receptora, apoyan la regularización y ninguno de los dos suscribe que haya que priorizar a los españoles en el acceso a servicios.

En el internacional los separan treinta puntos y aun así responden idénticamente a las cuatro preguntas: la diferencia es de intensidad, no de dirección. El PNV es europeísta sin matices; Bildu, europeísta crítico, favorable a la pertenencia y hostil a la arquitectura económica de la Unión.

El eje de régimen es el mayor desacuerdo del par por un margen enorme: ciento cuarenta puntos, casi el doble que la siguiente distancia. Uno queda en el continuismo del 78 y el otro en el rupturismo, y las cuatro preguntas divergen.

El PNV sostiene que la monarquía parlamentaria debe preservarse, que la Constitución sigue funcionando, que el sistema institucional no debe sustituirse y que las élites del régimen no han traicionado a nadie. Bildu responde lo contrario a las cuatro. Es una discrepancia sobre las reglas del juego, no sobre las políticas que caben dentro de ellas.

Ninguno es del todo coherente. El continuista del test es el que no respaldó aquel texto y sigue anclando su autogobierno fuera de él: sostiene el marco porque le rinde autogobierno y es renegociable. El rupturista lleva años operando en sus instituciones y sosteniendo mayorías dentro de ellas. Uno defiende un edificio que nunca firmó; el otro habita el que quiere demoler.

Las dos distancias siguientes empatan en ochenta puntos. En economía divergen siete de las ocho preguntas: el PNV apoya bajar impuestos a las empresas y flexibilizar el despido, y rechaza subir el salario mínimo, blindar las pensiones por reparto, una sanidad exclusivamente pública y la renta básica; sobre los topes al alquiler no se pronuncia. Bildu sostiene lo contrario en cada uno.

La única coincidencia económica es el impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, y el test necesita una corrección explícita para registrarla: el PNV lo apoyó y lo aplica en Euskadi. Es lo que separa a una democracia cristiana con tradición fiscal propia de un liberalismo de manual.

En religión divergen las cuatro preguntas: el PNV defiende la concertada religiosa, los símbolos religiosos en edificios públicos y la religión con efectos académicos, y se opone a eliminar los privilegios de la Iglesia; Bildu, al revés en todo. El eje de tradición repite el patrón sesenta puntos más abajo: modelo familiar de referencia y costumbres heredadas de un lado, memoria histórica del otro. La vieja cuestión confesional atraviesa por dentro a un mismo nacionalismo.

En libertad civil los separan veinte puntos y coinciden en tres de cuatro preguntas: aborto, eutanasia y consumo adulto de drogas, los tres fuera del alcance penal del Estado. La única divergencia es la videovigilancia con reconocimiento facial, que Bildu rechaza y sobre la que el PNV no se pronuncia.

Ese resultado obligó a recalibrar el modelo: el eje civil del PNV estaba fijado del lado de la coacción por su etiqueta democristiana y hubo que moverlo al lado reformista para reflejar su voto real en eutanasia, aborto y cannabis. Se calibra por acción legislativa, no por familia ideológica declarada.

Su menor distancia de los nueve ejes está en expresión, apenas diez puntos, y no por buenas razones. Ninguno suscribe que ninguna opinión deba ser delito, los dos consideran necesarias las leyes de discurso de odio y ninguno acepta que la regulación de medios y redes sea mínima. Los dos rechazan además los tipos que penalizan ofensas a los símbolos del Estado y a la corona. Misma asimetría en ambos: despenalizar la ofensa a los símbolos de un Estado que no sienten propio, conservar la protección penal de los colectivos.