James Madison.

El Federalista son ochenta y cinco artículos de prensa publicados en Nueva York entre octubre de 1787 y agosto de 1788 y firmados por Publius, escritos por Hamilton, John Jay y Madison para ganar la ratificación en el estado más dudoso. La atribución habitual le da a Madison el número 10, el 14, los 18 a 20 en colaboración con Hamilton, la serie del 37 al 58 y los números 62 y 63. El número 10 discute contra una ortodoxia que entonces era casi unánime, la de que el gobierno republicano solo funciona en territorios pequeños y homogéneos, y lo hace invirtiendo el argumento: como la facción nace de la libertad, suprimirla curaría la enfermedad matando al enfermo, y como el reparto desigual de la propiedad es su fuente más duradera, el remedio no está en homogeneizar sino en ampliar. Extender la esfera, escribe, mete dentro más variedad de partidos e intereses y hace menos probable que una mayoría del conjunto comparta un motivo común para invadir los derechos de los demás.

Los números 39, 47 y 51 son la parte de arquitectura. El 39 define el resultado como una composición: ni una constitución nacional ni una federal, sino federal en su fundamento, en parte federal y en parte nacional en el origen de sus poderes, nacional en la operación de esos poderes y federal en su extensión. El 47 responde a la acusación antifederalista de que el proyecto mezclaba los poderes, y para ello relee a Montesquieu, del que dice que había tomado la constitución inglesa como el espejo de la libertad política: la separación no exige que los departamentos no se toquen, sino que ninguno controle por entero a otro. El 51 saca de ahí la doble seguridad del sistema compuesto, donde el poder cedido por el pueblo se divide primero entre dos gobiernos y luego se subdivide dentro de cada uno.

La serie que da nombre a la posición que este test asocia a su nombre es otra. El número 49 responde a una propuesta de Jefferson, que quería convocar una convención popular cada vez que dos de los tres poderes entendieran que un tercero había invadido sus competencias. Madison concede la lógica republicana del argumento y la rechaza por sus consecuencias: apelar con frecuencia al pueblo implica reconocer un defecto, y privaría al gobierno de la veneración que el tiempo confiere a todas las cosas, sin la cual ni el más sabio ni el más libre de los gobiernos tendría estabilidad. El 62 desarrolla el mismo temor por el lado de la ley ordinaria, con una definición de inseguridad jurídica que no ha envejecido: de poco sirve que las leyes las hagan los elegidos por uno si son tan voluminosas que no se pueden leer o cambian tanto que nadie que sepa lo que dice la ley hoy puede adivinar lo que dirá mañana. El 63 defiende el Senado como cuerpo capaz de suspender el golpe que el pueblo medita contra sí mismo hasta que la razón recupere autoridad.

Junto a eso hay dos textos que la etiqueta de arquitecto constitucional deja fuera y que conviene leer. Uno es el número 54, donde defiende la cláusula de los tres quintos poniendo el argumento en boca de un hermano del sur y concluyendo que la Constitución acierta al ver a los esclavos en su carácter mixto de personas y de propiedad. El otro es el número 40, escrito para justificar que la convención se hubiera saltado su mandato, que era el propósito único y expreso de revisar los artículos de la Confederación: en todos los grandes cambios de gobiernos establecidos, escribe, las formas deben ceder ante la sustancia. Es el mismo autor, el mismo año y el mismo periódico que el número 49. Fuera del Federalista quedan la memoria de 1785 contra la contribución religiosa, las resoluciones de Virginia de 1798, el informe de 1800 que las desarrolla y un ensayo sobre la nulificación fechado en 1835 y 1836, el último año de su vida.

La tergiversación más antigua y la más persistente empezó en vida suya y con un texto suyo. Las resoluciones de Virginia de 1798 declaran que los estados, partes del pacto, tienen el derecho y el deber de interponerse cuando el gobierno federal ejerce poderes no concedidos. Treinta años después, los nulificadores y los secesionistas las adoptaron como su credo fundacional, y Madison dedicó los últimos seis años de su vida a negar el parentesco por escrito, sosteniendo que la interposición correspondía a los estados en conjunto y no a uno solo, llamando a la nulificación y a la secesión herejías gemelas que debían enterrarse en la misma fosa y afirmando que sin supremacía de la Constitución federal el sistema sería como una vaina en manos de un soldado sin espada dentro. Su biógrafo del siglo XIX, que reproduce esa defensa entera y la considera técnicamente impecable, añade la objeción que sigue en pie: la interpretación que dio treinta años después se opone al entendimiento universal que sus contemporáneos tuvieron del texto cuando se escribió. Quien lo cite hoy en cualquier discusión sobre competencias territoriales está usando un documento que su autor pasó su vejez acotando.

La segunda gran relectura llegó en 1913, con la interpretación económica de la Constitución de Charles Beard, que declara basar su investigación entera en la ciencia política de Madison y sostiene que el número 10 formuló, antes que Lassalle y que Jhering, la idea de que el derecho no crece sino que se hace a la medida de intereses determinables. Beard convirtió al redactor del plan de Virginia en un materialista avant la lettre y, de paso, comprobó que Madison no figuraba entre los tenedores de deuda pública, lo que le permitió tomar una posición desinteresada frente al sistema financiero de Hamilton. De ahí arranca la doble vida del personaje: el mismo número 10 se lee como carta fundacional del pluralismo de grupos de interés, como prueba de que la Constitución nació para proteger la propiedad, y como argumento a favor de los contrapesos contramayoritarios. Las tres lecturas se apoyan en párrafos reales.

Hoy se le reivindica desde posiciones incompatibles. Quien defiende tribunales constitucionales y límites materiales a lo que puede decidir una mayoría parlamentaria lo cita como fundador; quien defiende la descentralización territorial cita las resoluciones del 98; quien critica el bloqueo institucional de las democracias contemporáneas cita su diseño como origen del problema, no como solución. Dos cautelas valen para todas esas lecturas. La primera es que no era un demócrata en el sentido corriente del término: distingue expresamente entre democracia y república, y su república existe para filtrar la voluntad popular, no para ejecutarla. La segunda es que tampoco era un continuista puro, y esta es la que se pasa por alto con más frecuencia: el hombre que escribió contra las apelaciones frecuentes al poder constituyente había participado el año anterior en una convención que excedió su mandato, sustituyó el orden legal vigente y justificó por escrito haberlo hecho. Su doctrina no dice que un régimen no se cambie nunca; dice que cambiarlo es una operación excepcional, con un coste que se paga en estabilidad, y que confundir la excepción con el procedimiento ordinario destruye lo que se pretendía reparar.