Johannes Althusius.

Su primer libro, Jurisprudentiae Romanae libri duo ad leges methodi Rameae conformati (Basilea, 1586), resolvía un problema de orden, no de doctrina: el derecho civil heredado de los comentaristas era una acumulación de glosas sin arquitectura, y el método de Petrus Ramus, que procede por dicotomías sucesivas de lo general a lo particular, prometía convertir ese montón en un sistema exponible en tablas. Fue un manual de éxito, reeditado hasta 1623. En 1601 su primo Philipp publicó en Hanau los Civilis conversationis libri duo, una ética práctica ligada a su enseñanza de Siegen. Conviene retener el orden: primero encontró un método y después un objeto. La Politica está construida con la misma herramienta, y por eso se lee como una clasificación y no como un tratado argumentativo, que es lo que despista a quien la abre esperando a Hobbes.

Politica methodice digesta salió en Herborn en 1603, en la imprenta de Christophorus Corvinus, con una Oratio panegyrica de utilitate et antiquitate scholarum añadida al final que no es adorno: la escuela figura en su esquema entre los bienes que la asociación existe para garantizar. Hay tres estados principales del texto, el de 1603, una segunda edición bastante más extensa de 1610 y la tercera de 1614, que es la definitiva y la que reproducen todas las ediciones modernas. Lo que crece de una a otra es sobre todo polémica y experiencia: las de 1610 y 1614 incorporan los pleitos de Emden y la vecindad de las Provincias Unidas. Discute contra Bodino en primer lugar, a quien cita constantemente y cuyo método respeta, y contra el escocés William Barclay, que en De regno et regali potestate sostenía que los poderes de los éforos se habían transferido íntegros al rey. Barclay le devolvió el golpe llamándole monarcómaco, la etiqueta que acabaría persiguiéndole.

El grueso del libro no es teoría de la soberanía sino administración, y esa es la parte que nunca se cita: capítulos enteros sobre la contribución ordinaria y la extraordinaria, sobre los cargos personales del reino, sobre el cuidado de las armas en paz y en guerra, sobre la gestión de los bienes públicos y privados. El armazón institucional descansa en los éforos, que son quienes crean al magistrado supremo, lo contienen dentro de límites, amortiguan sus decretos inicuos y pueden deponerlo, y a quienes él compara con los electores del Imperio y los pares de Francia. Ahí está lo que distingue su federalismo de una simple declaración de autonomías: no propone un reparto de competencias sino un sistema de censura recíproca, en el que el magistrado vigila que ningún éforo abuse de su poder limitado y los éforos vigilan que el magistrado no degenere.

Su obra jurídica mayor llegó desde Emden: los Dicaeologicae libri tres (Herborn, 1617 y 1618, reimpresos en 1649), un intento enciclopédico de recoger todo el derecho vigente con paralelos entre este y el derecho judío. Como síndico publicó además el Receß- und Accordbuch (Emden, 1612), que fijó por escrito y por tanto hizo comprobable la constitución estamental frisia, y las Landtags-Handlungen (1620), en plena disputa con la casa condal. La Politica tardó siglos en llegar a lenguas modernas y lo hizo casi siempre abreviada: una selección alemana de Erik Wolf en 1934, la traducción inglesa parcial de Frederick S. Carney en 1964 que Liberty Fund reeditó en 1995, y la castellana de Primitivo Mariño para el Centro de Estudios Constitucionales en 1990, que sigue el texto de 1614 fijado por Friedrich y es prácticamente íntegra.

Hasta mediados del siglo XVII se le leyó por encima de las líneas confesionales, en buena medida por el prestigio técnico de los Dicaeologicae, y su tesis sobre la titularidad popular de la majestad tuvo continuadores dentro del Imperio en la llamada doctrina de la doble majestad, cultivada sobre todo en Jena. La ruptura la produjo la polémica publicística por la decapitación de Carlos I de Inglaterra: a partir de 1650, y sobre todo por la crítica del polígrafo de Helmstedt Hermann Conring, la doctrina de la resistencia de la Politica pasó a considerarse incompatible con el Estado monárquico absolutista, y el libro quedó en Alemania solo citable de forma encubierta. La asimetría es instructiva: desapareció donde el absolutismo se impuso y sobrevivió donde no, en los Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Suecia y los colleges americanos recién fundados de Harvard y Yale, en parte por mediación del enciclopedista de Herborn Johann Heinrich Alsted.

La recuperación contemporánea lo reivindica sin ponerse de acuerdo en para qué. Gierke lo leyó como contractualista de derechos naturales; Friedrich, desde 1932, como precursor del Estado constitucional y, contra Gierke, como sociólogo antes de la sociología. Un tercer reproche, que hace el propio lexicón biográfico frisio, es que tanto Friedrich como Ernst Reibstein presentan una imagen demasiado desprendida del componente religioso, que en el original es constante. Para un lector español el hilo más directo es precisamente el de Reibstein, que en 1955 defendió que Althusius continúa a la Escuela de Salamanca, en concreto a Covarrubias y a Fernando Vázquez de Menchaca, a quienes cita por su nombre en los pasajes decisivos, incluida la refutación de Bodino. Antonio Truyol y Serra, al presentar la edición castellana, sostiene que su aportación más significativa hoy es el nexo entre limitación del poder y federalismo, y recuerda que el Reich de 1871 se describió como una consociatio de consociationes. En el canon académico, sin embargo, sigue siendo marginal, y de un modo que se puede documentar: Eric Voegelin lo despachó en pocas líneas críticas, Sheldon Wolin lo dejó dentro de la tradición calvinista sin continuidad con otras, Quentin Skinner le dedica poco espacio, Brian Tierney no lo considera imprescindible y Leo Strauss lo ignoró por completo. El descuido llega a los datos: la entrada sobre federalismo de la Stanford Encyclopedia of Philosophy sigue fechándolo en 1557-1630, equivocada por los dos extremos, cuando los repertorios alemanes documentan la muerte el 12 de agosto de 1638. Quien lo cita como autoridad haría bien en comprobar antes qué edición y qué fecha está usando.

Las tres tergiversaciones habituales van en la misma dirección, la de modernizarlo. La primera es convertirlo en teórico de la tolerancia: su argumento contra las persecuciones es prudencial y no de principio, porque las persecuciones producen tumultos, y en el mismo capítulo niega que dos religiones puedan coexistir por derecho, excluye a herejes y ateos de los oficios públicos y solo admite tolerar el culto disidente cuando suprimirlo destruiría la república. La segunda es leer su derecho de resistencia como derecho popular: la soberanía reside en el pueblo entendido como cuerpo de asociaciones, no en los individuos, y resistir al tirano con título corresponde a los éforos, es decir a los estamentos y a quienes ocupan cargo, mientras el particular solo puede actuar contra el usurpador sin título. La tercera la advirtió ya Gierke: que firmara una admonición recomendando cautela a los jueces en los procesos por brujería no lo convierte en adversario de esos procesos, como muestra su propia Dicaeologica. Es un autor del que se puede extraer una arquitectura territorial sin comprar con ella el resto del paquete, pero la operación hay que hacerla a la vista y no por omisión.