Atlantismo.

Atlantismo es el nombre de la posición que convierte el vínculo político y militar entre Europa occidental y Norteamérica en el eje de la política exterior y de defensa. A diferencia de casi todos los conceptos de este glosario, no tiene padre fundador: nadie firmó la palabra. Lo que sí tiene fecha exacta es la idea. El 17 de febrero de 1917, en un editorial sin firma de la revista «The New Republic» titulado «The Defense of the Atlantic World», que suele atribuirse a Walter Lippmann, aparece la formulación que se repetirá durante un siglo: en las dos orillas del océano «ha crecido una profunda red de intereses que une al mundo occidental», de modo que Gran Bretaña, Francia, Italia, «incluso España», Bélgica, Holanda, los países escandinavos y Panamérica son «en lo esencial una sola comunidad». El editorial pedía la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y es anterior en veinticuatro años a la Carta del Atlántico y en treinta y dos al Tratado del Atlántico Norte. Conviene retener el orden, porque explica el resto: primero se inventó la comunidad, y solo después la alianza que dice representarla.

La forma jurídica llega el 4 de abril de 1949 con el Tratado de Washington, y su contenido real es más modesto que su leyenda. El artículo 5 no obliga a nadie a entrar en guerra de forma automática: dice que un ataque armado contra una parte «se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas» y que cada una asistirá a la atacada «adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada». El compromiso es de asistencia; qué medidas son necesarias lo decide cada Estado. El artículo 3, mucho menos citado, es el que sostiene hoy toda la discusión sobre porcentajes del PIB: obliga a mantener y acrecer, «mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua», la capacidad de resistir un ataque armado. Y el artículo 2 compromete a las partes a reforzar sus instituciones libres y a estimular la colaboración económica entre ellas. El atlantismo del texto fundacional no es solo militar, y tampoco se llama a sí mismo comunidad: la palabra «comunidad» no aparece ni una vez en el tratado, ni en inglés ni en la traducción oficial española publicada en el BOE en 1982.

«Atlántico» tampoco es una descripción geográfica, y eso se ve en el propio articulado. El artículo 6, en su redacción original, extendía la zona cubierta a «los departamentos franceses de Argelia». Turquía, que no toca el océano, entró en 1952 mediante protocolo. Y el artículo 10 restringe la ampliación a «cualquier otro Estado europeo» al que los miembros inviten «por acuerdo unánime»: una alianza llamada atlántica cuya puerta solo está abierta a europeos y cuya llave es una decisión política unánime de los socios. El preámbulo declara a las partes «decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, fundadas en los principios de democracia, libertades individuales e imperio de la ley», pero el articulado no establece ningún mecanismo para verificar esa condición ni para retirarla. Quien confunde el preámbulo con el procedimiento de admisión se queda sin explicación para buena parte de la historia de la Alianza.

La distinción interna más útil la formuló Charles de Gaulle en 1966 y quedó registrada con precisión casi notarial en un memorando interno de la Casa Blanca. Su asesor Francis Bator se la resumió al presidente Johnson: la clave de la carta francesa está en «la distinción que traza entre (1) su obligación bajo el tratado de ir a la guerra en caso de un ataque no provocado contra un aliado y (2) los acuerdos organizativos y de mando que no forman parte estrictamente del tratado pero que han ido creciendo desde 1949». De Gaulle aceptaba lo primero y rechazaba lo segundo; Francia salió de la estructura militar integrada sin salir de la Alianza. Desde entonces, atlantismo nombra dos cosas separables: aceptar el compromiso del tratado y aceptar la organización permanente que lo administra. Casi todo el debate europeo posterior, y todo el debate español desde 1982, ocurre dentro de esa grieta.

Hay una tercera distinción, decisiva en España: alianza multilateral frente a alineamiento bilateral con Estados Unidos. Son instrumentos jurídicos separados, y el propio Convenio hispano-norteamericano de 1988 lo dice en su preámbulo, donde ambos Estados se declaran «resueltos a mantener esa cooperación para la defensa en el marco bilateral y en el de su participación en la Alianza Atlántica». Ese convenio es el que concede a Estados Unidos el uso de instalaciones de apoyo en bases que siguen bajo mando español (en Rota, Morón, Zaragoza y otras), y funciona con independencia de cuánto se integre España en la estructura militar aliada. Se puede ser atlantista en el sentido bilateral y reticente en el multilateral, o al revés.

La secuencia española condensa las tres distinciones. España deposita su instrumento de adhesión al Tratado el 30 de mayo de 1982. Cuatro años después, el Real Decreto 214/1986 somete a referéndum una permanencia condicionada: el Gobierno considera conveniente «que España permanezca en la Alianza Atlántica» siempre que «la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada», se mantenga «la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español» y se proceda «a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España». La pregunta del 12 de marzo de 1986 no fue, por tanto, «OTAN sí o no», sino si convenía permanecer «en los términos acordados por el Gobierno de la Nación». Ganó el sí con 9.054.509 votos frente a 6.872.421, según la proclamación oficial de la Junta Electoral Central. Once años más tarde, en la cumbre de Madrid de julio de 1997, los aliados dieron la bienvenida al anuncio español de «participar plenamente en la nueva estructura de mando de la Alianza». La primera de las tres condiciones se levantó por decisión política ordinaria, sin referéndum.

Queda la oposición que domina el debate contemporáneo: atlantismo frente a autonomía estratégica europea. Sobre el papel no existe. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que contiene la cláusula de asistencia mutua entre socios europeos, añade que los compromisos «seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de ésta». El derecho de la Unión subordina expresamente su propia defensa colectiva a la Alianza. La oposición, por tanto, no es jurídica sino política: se discute cuánta capacidad industrial, decisoria y militar debe construir Europa por su cuenta dentro de un marco que sigue siendo atlántico. El Concepto Estratégico de 2022 mantiene la doctrina clásica («el vínculo transatlántico entre nuestras naciones es indispensable para nuestra seguridad»), mientras la Declaración de La Haya de 2025 traslada el eje del debate al artículo 3: los aliados se comprometen a invertir «el 5% del PIB anual» en defensa y gasto asociado a la seguridad para 2035. El siglo XXI no discute la pertenencia: discute la factura.