Iliberalismo.

«Iliberal» no es un insulto de tertulia: es un término con autor, fecha y propósito. En el número de noviembre-diciembre de 1997 de Foreign Affairs, Fareed Zakaria abrió un ensayo constatando que «Democratically elected regimes, often ones that have been reelected or reaffirmed through referenda, are routinely ignoring constitutional limits on their power and depriving their citizens of basic rights and freedoms», y recorrió los casos de Perú a Eslovaquia y de Sierra Leona a Filipinas antes de dar al fenómeno el nombre con el que se ha quedado: «illiberal democracy». Nació como advertencia, no como programa.

Lo que Zakaria separó es lo que en Occidente llevaba un siglo yendo junto. Su frase central define la democracia liberal como «a political system marked not only by free and fair elections, but also by the rule of law, a separation of powers, and the protection of basic liberties of speech, assembly, religion, and property», y sostiene que ese segundo paquete, al que llama «constitutional liberalism», es «theoretically different and historically distinct from democracy». Son dos preguntas distintas. Democracia responde a quién manda, y se contesta contando votos. Liberalismo constitucional responde a hasta dónde puede mandar quien ganó, y se contesta mirando tribunales, prensa no gubernamental, derechos que no se someten a votación y controles parlamentarios que funcionan cuando el Gobierno tiene mayoría. Un régimen puede aprobar el primer examen y suspender el segundo.

El andamiaje conceptual ya existía. Un año antes, David Collier y Steven Levitsky habían catalogado el aluvión de «democracias con adjetivos» y explicado qué hace un adjetivo que resta en lugar de sumar: los subtipos disminuidos, escriben, «generally identify specific attributes of democracy that are missing, thereby establishing the diminished character of the subtype, at the same time that they identify other attributes of democracy that are present». «Democracia iliberal» es exactamente eso: nombra lo que falta (los límites) sin negar lo que sigue en pie (las urnas). Por eso no es un modo elegante de decir «dictadura», y quien lo usa así está usando otra palabra.

El giro que hace singular a este concepto llegó en 2014. El 26 de julio, en la Universidad Libre de Verano de Bálványos, en Tusnádfürdő (Băile Tuşnad, Rumanía), el primer ministro húngaro Viktor Orbán recogió el reproche y lo convirtió en proyecto de Estado: «And so in this sense the new state that we are constructing in Hungary is an illiberal state, a non-liberal state». Matizó que ese Estado «does not reject the fundamental principles of liberalism such as freedom», sino que deja de poner esa ideología en el centro de la organización estatal, y señaló como los astros de los analistas internacionales del momento a Singapur, China, India, Rusia y Turquía. Cuatro años después, en el mismo campamento, lo reformuló con la etiqueta que acabaría prefiriendo: «Let us confidently declare that Christian democracy is not liberal. Liberal democracy is liberal, while Christian democracy is, by definition, not liberal: it is, if you like, illiberal». Pocos conceptos de la ciencia política cuentan con un jefe de Gobierno que los reivindique en primera persona; este los tiene, y de ahí que casi toda discusión sobre la palabra acabe siendo una discusión sobre Hungría.

La objeción técnica más dura no viene de quienes se sienten aludidos, sino de la propia literatura comparada: el sintagma concede demasiado. En 2002, Steven Levitsky y Lucan Way escribieron que «Although scholars have characterized many of these regimes as partial or “diminished” forms of democracy, we agree with Juan Linz that they may be better described as a (diminished) form of authoritarianism», y propusieron llamarlos autoritarismos competitivos. Su umbral es verificable: «violations of these criteria are both frequent enough and serious enough to create an uneven playing field between government and opposition». No hace falta pucherazo el día de la votación; bastan el abuso de recursos públicos, la cobertura mediática negada a la oposición y el acoso a candidatos y periodistas. La pregunta operativa no es si hay elecciones, sino si el que manda puede perderlas.

El método también está descrito, y no incluye tanques. Kim Lane Scheppele lo llamó legalismo autocrático: «Legalistic autocrats operate by pitting democracy against constitutionalism to the detriment of liberalism». La expresión venía de Javier Corrales, que la había acuñado para el chavismo venezolano, lo que ya indica que el repertorio no tiene dueño ideológico. La señal temprana que propone Scheppele es concreta: «Loosening the bonds of constitutional constraint on executive power through legal reform is the first sign of the autocratic legalist». Freedom House describe el mismo catálogo aplicado a democracias en pie: «In democracies, illiberal leaders rely on more nuanced tactics than imprisoning or banning the opposition», y enumera la manipulación de circunscripciones, la presión sobre órganos de fiscalización y la sustitución de tribunales por vía de mayoría parlamentaria.

De ensayo, el concepto pasó a categoría medida. La tipología «Regímenes del Mundo» de V-Dem sustituye el sintagma por cuatro casillas ordenadas (democracia liberal, democracia electoral, autocracia electoral y autocracia cerrada), y lo que Zakaria describía cae casi siempre en las dos centrales. Su informe de 2026 documenta el desgaste desde arriba: «Las democracias liberales — actualmente el tipo de régimen menos común en el mundo— pasan de un máximo de 45 en 2009 a 31 en 2025. En el mismo período, el número de democracias electorales aumenta de 46 a 56», y avisa de que ese trasvase significa que «las características liberales de las democracias establecidas» se están erosionando. La etiqueta también entró en el lenguaje institucional europeo: el 15 de septiembre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que declara que la falta de acción de la Unión contribuyó a convertir a Hungría «en un régimen híbrido de autocracia electoral, según los índices pertinentes». Obsérvese la coletilla: la calificación no la pone la resolución, la ponen los índices.

De ahí sale la línea entre el uso técnico y el uso polémico. Técnicamente, «iliberal» nombra una configuración de dos piezas que se comprueban por separado, competencia electoral real y contrapesos degradados, y exige tres cosas: indicadores publicados, serie temporal (importa la dirección, no solo el nivel) y disposición a aceptar que un mismo Gobierno mejore un indicador mientras empeora otro. Polémicamente, «iliberal» es el adjetivo que se le pone al adversario cuando «autoritario» suena excesivo y «antidemocrático» es refutable señalando las urnas. Ese segundo uso no se puede falsar, que es justo lo contrario de lo que el concepto pretendía.