Plurinacionalidad.

La plurinacionalidad es la tesis de que un Estado puede y debe reconocerse compuesto por más de una nación. Lo que se discute en ella no es cuánto poder se transfiere a un territorio (eso es descentralización) ni cómo se blindan las competencias de cada nivel (eso es federalismo), sino algo previo: a cuántos sujetos colectivos reconoce el Estado la condición de nación. Es una pregunta sobre el sujeto, no sobre el organigrama, y por eso puede concederse sin mover una sola competencia o negarse mientras se ceden muchas.

El problema se formula como programa político en la socialdemocracia austríaca del cambio de siglo, y no por casualidad: el Imperio austrohúngaro era un Estado con una decena larga de nacionalidades y ningún territorio homogéneo donde trazar fronteras limpias. El congreso de Brünn de 1899 fija el programa nacional del partido, y dos juristas lo teorizan: Karl Renner, que firmaba como «Rudolf Springer» para no perder su puesto de bibliotecario del Reichsrat, y Otto Bauer, autor de «Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie» (1907). Springer plantea la pregunta con una claridad que nadie ha mejorado desde entonces: dado que estas naciones están obligadas a convivir, «inasmuch as these nations are obliged to live together, what legal forms will enable them to live together in the best possible way?».

Su respuesta fue la autonomía nacional-cultural, y tiene un rasgo que hoy se ha perdido del todo: no era territorial. La nación no se definía por un mapa sino por un registro. El principio personal, escribe Bauer, «presumes that the population will be divided into nationalities.... On the basis of the free declaration of the adult citizens national registers must be drawn up»: cada persona declara a qué nación pertenece, viva donde viva, y las naciones así constituidas eligen un consejo con competencias culturales. Estaba diseñado exactamente para el problema que la versión territorial no sabe resolver: la minoría dentro de la minoría, el alemán en Bohemia y el checo en Viena. En España ese problema tiene nombre propio y casi nunca se discute en estos términos, porque la única versión que circula es la que hace coincidir cada nación con un mapa.

Stalin atacó la propuesta en «El marxismo y la cuestión nacional» (1913), y su objeción más útil hoy no es la política sino la analítica: «cultural-national autonomy presupposes the integrity of the multi-national state, whereas self-determination goes outside the framework of this integrity». En su origen, la plurinacionalidad es lo contrario de la secesión: da por supuesto que el Estado no se rompe, y su función es hacer innecesaria la ruptura. Que en España se lea como antesala del referéndum es un giro posterior del uso, no una definición.

Debajo del desacuerdo territorial hay otro conceptual que lo precede: qué cuenta como nación. Hay al menos tres respuestas canónicas y son incompatibles entre sí. Renan, en la conferencia de la Sorbona de 1882, la hace voluntad presente: «Une nation est un principe spirituel, résultant des complications profondes de l'histoire, une famille spirituelle, non un groupe déterminé par la configuration du sol», y su existencia es «un plébiscite de tous les jours». Bauer la hace carácter y destino compartidos, sin exigir territorio ni lengua: «A nation is an aggregate of people bound into a community of character by a common destiny». Stalin responde con una lista cerrada de rasgos objetivos: «A nation is a historically constituted, stable community of people, formed on the basis of a common language, territory, economic life, and psychological make-up manifested in a common culture», y advierte que basta con que falte uno para que la nación deje de serlo. Con la definición de Renan, la pregunta la contestan los habitantes; con la de Bauer, un rasgo compartido difícil de auditar; con la de Stalin, un inventario de cinco casillas. Buena parte de las discusiones españolas son dos personas aplicando dos definiciones distintas y creyendo que discuten sobre hechos.

La confusión más extendida identifica plurinacionalidad con federalismo, y la desmienten los dos únicos Estados que se declaran plurinacionales en el texto de su Constitución. Bolivia, artículo 1 de la Constitución de 2009: «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario». Ecuador, artículo 1 de la de 2008: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico». Unitario y plurinacional en la misma frase, las dos veces. Y el sujeto reconocido tampoco es el europeo: Bolivia funda el reconocimiento en «la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios», que es un caso de reparación colonial y no el de una nación histórica sin Estado propio.

Tampoco es multiculturalismo, aunque compartan la gramática del reconocimiento. La tipología estándar en teoría política liberal, la de Will Kymlicka, reserva la forma más fuerte de derechos diferenciados, los «self-government rights», a pueblos indígenas y minorías nacionales por una razón concreta: «their minority status is unchosen: they were coercively incorporated into the larger state». A los grupos de origen inmigrante les corresponden derechos poliétnicos, que son una demanda de mejores términos de integración y «not a rejection of integration or a demand for collective self-determination». Distinto sujeto, distinta pretensión y distinta justificación: uno pide gobernarse, el otro pide encajar sin renunciar.

En España, el constituyente de 1978 resolvió la disputa con una palabra intermedia. El artículo 2 «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». «Nacionalidades», en plural, admite el hecho plural sin conceder el sustantivo que estaba en disputa; «Nación», en singular y en mayúscula, se reserva para una sola. La ambigüedad era deliberada y aguantó treinta años.

El Estatut de 2006 la forzó: su preámbulo afirmaba que el Parlament «ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación». La STC 31/2010 respondió que esas referencias «carecen de eficacia jurídica interpretativa». Cuatro años después, ante la declaración de soberanía aprobada por el Parlament, la STC 42/2014 anuló el reconocimiento del pueblo de Cataluña como sujeto soberano (razonando que «la identificación de un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano resultaría contraria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE») pero salvó el «derecho a decidir» leído «como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional». El matiz que casi nunca se cita está en la propia sentencia de 2010: fuera del contexto jurídico, «la autorepresentación de una colectividad como una realidad nacional en sentido ideológico, histórico o cultural tenga plena cabida en el Ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima». El Derecho español no prohíbe sostener que Cataluña es una nación: niega que esa afirmación produzca efectos jurídicos mientras no se reforme la Constitución. Son dos cosas distintas y se funden casi siempre.

De ahí que convenga separar tres preguntas que la palabra arrastra juntas: cuántas naciones reconoce el Estado (reconocimiento), cómo se reparte el poder entre niveles (competencias) y quién puede decidir la pertenencia (soberanía). Se combinan casi de cualquier manera. Un Estado unitario y plurinacional existe, y hay dos. Un Estado que reparte muchísimo poder territorial sin reconocer más de una nación también existe, y es el federalismo alemán. Y un Estado que discute el reconocimiento sin conceder el derecho de salida es exactamente lo que España lleva haciendo desde 1978.