Laicismo.

«Laicismo» y «laicidad» proceden de un tecnicismo francés recién nacido, y la partida de nacimiento no está donde suele decirse. El diccionario de Littré registra «laïcité» en su Suplemento de 1877 y la documenta con una noticia de prensa: «Au sujet de l'enseignement laïque… le Conseil [général de la Seine] a procédé au vote sur la proposition de la laïcité, qui a été repoussée» (la Patrie, 11 de noviembre de 1871). No es un manifiesto filosófico: es la crónica de una votación administrativa sobre escuelas, que además se perdió. Cuando Ferdinand Buisson recoge la palabra en el diccionario pedagógico que dirigió, todavía advierte que «Ce mot est nouveau, et, quoique correctement formé, il n'est pas encore d'un usage général», y defiende el neologismo porque ningún otro término permite expresar «sans périphrase la même idée dans son ampleur». Buisson no bautizó la palabra: le dio doctrina, que es otra cosa y más importante.

El problema que venía a resolver está descrito por el propio Buisson con una precisión que la discusión posterior ha perdido. El punto de partida era «la confusion de tous les pouvoirs et de tous les domaines, dans la subordination de toutes les autorités à une autorité unique, celle de la religion». La secularización avanzó por piezas (primero el ejército, después la administración civil, después la justicia) y dejó la escuela primaria para el final. Lo que la laicidad nombra, por tanto, no es una tesis sobre la existencia de Dios sino una tesis sobre jurisdicciones: «la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel». Buisson lo resume en una fórmula que sirve de definición operativa: «L'instituteur à l'école, le curé à l'église, le maire à la mairie», y añade que «Nul ne peut se dire proscrit du domaine où il n'a pas entrée». No hay expulsión de nadie: hay reparto de competencias.

El artículo traza además la distinción que más se pierde después. La escuela laica no queda filosóficamente muda: Buisson cita al ministro de 1882 diciendo que «Il y a deux espèces de neutralité de l'école… il y a la neutralité confessionnelle et la neutralité philosophique. Et il ne s'agit dans cette loi que de la neutralité confessionnelle», y describe el deber del maestro como el de «ne prendre parti dans l'exercice de ses fonctions ni pour ni contre aucun culte, aucune église, aucune doctrine religieuse». Neutralidad confesional, en el ejercicio del cargo, y nada más: extenderla a neutralidad filosófica, o a un deber que siga al funcionario fuera de su función, es un añadido posterior.

La forma jurídica llega con la loi du 9 décembre 1905, y conviene leer sus dos primeros artículos en orden, porque el orden es el argumento. El primero garantiza: «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public». Solo después el segundo separa: «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte». Primero la libertad, luego la separación, y la separación como medio de la libertad.

Ese texto fundacional es además menos puro de lo que su fama sugiere, y las excepciones están escritas dentro de él. El mismo artículo 2 autoriza a seguir presupuestando «les dépenses relatives à des services d'aumôneries» en liceos, hospicios, asilos y prisiones. El artículo 13 deja los templos «gratuitement à la disposition» de los cultos: el Estado y los municipios conservan la propiedad de los anteriores a 1905 y cargan con su mantenimiento. Y la ley nunca se aplicó en Alsacia y Mosela, que en 1905 eran territorio alemán: allí sigue vigente el régimen concordatario napoleónico, y el Consejo Constitucional lo declaró conforme a la Constitución en 2013: al proclamar que Francia es una «République... laïque», el constituyente no quiso «remettre en cause» las normas locales sobre «la rémunération de ministres du culte». Francia paga sueldos de ministros del culto y no deja por ello de ser laica en su propio derecho.

El uso del término se ha desplazado tres veces. Primero designó la laicidad de la escuela (los programas en 1882, el personal docente en 1886). Después la laicidad del Estado (financiación y reconocimiento, 1905). En 1958 se constitucionalizó como atributo de la República, con una coletilla que se cita poco: «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale… Elle respecte toutes les croyances». Y en 2004 cambió de sujeto: el artículo L141-5-1 del Código de Educación prohíbe «le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse». Se pasó de lo que el Estado no puede hacer a lo que el ciudadano no puede llevar puesto. La Carta de la laicidad de 2013 mantiene las dos obligaciones separadas sobre el papel, porque el deber de «stricte neutralité» lo impone a «les personnels» y no a los alumnos; en el debate se funden a diario.

Bajo la misma palabra conviven por eso al menos cuatro regímenes distintos. Separación por abstención: el Estado se retira y la religión prospera en la sociedad, que es el modelo del «muro» jeffersoniano. Neutralidad reguladora: el Estado no financia ningún culto pero ordena el espacio que administra, que es Francia desde 1905. Cooperación: Estado sin confesión oficial que reconoce y financia confesiones, que es España, y también Alemania o Italia. Y una cuarta posición que se le parece y no lo es: la que toma partido sobre la verdad de la religión y reprime su ejercicio, incompatible con el artículo primero de 1905. Confundir la segunda con la cuarta es el error más caro de todo el debate.

El castellano añade una distinción que el francés no tiene. «Laicidad» nombra un estado de cosas jurídico; «laicismo» nombra la doctrina que lo reclama y, según quién lo use, la militancia que lo empuja. La laïcité francesa cubre las dos, así que las traducciones las mezclan. El Tribunal Constitucional español introdujo además un tercer término: al interpretar el artículo 16.3 de la Constitución dijo que este, «tras formular una declaración de neutralidad», ordena mantener «las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», introduciendo «una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva» que «veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales». Neutralidad sin abstención: el Estado no se confunde con la Iglesia, pero tampoco se desentiende de ella.

El arco histórico español explica esa fórmula intermedia. La Constitución de 1931 declaró que «El Estado español no tiene religión oficial» (art. 3), ordenó que «El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas», disolvió las órdenes que impusieran un voto especial de obediencia a autoridad distinta de la del Estado y prohibió a las demás «ejercer la industria, el comercio o la enseñanza» (art. 26); su artículo 27 sometía además toda manifestación pública de culto a autorización del Gobierno. El Fuero de los Españoles de 1945 invirtió el privilegio: la religión católica «es la del Estado español», y «No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica» (art. 6). El artículo 16.3 de 1978 se redactó contra las dos experiencias: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero los poderes públicos «mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación». Esa cooperación se concretó en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, cuyo artículo II compromete al Estado «a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico»; en la Ley 42/2006, que fijó «con carácter indefinido» el 0,7 por 100 de la cuota íntegra del IRPF de quien lo marque; y en la ley educativa, que incluye la religión católica como materia «de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas». Es exactamente lo contrario del artículo 2 de 1905, escrito con el mismo rango normativo.

La utilidad del concepto depende de mantener separadas dos cosas que la discusión pública junta. La laicidad obliga al Estado y a quien actúa en su nombre mientras lo hace; la libertad de conciencia no obliga a nadie. Un creyente no es menos ciudadano por argumentar desde sus convicciones, y un funcionario no es más libre por hacerlo en el ejercicio de su cargo. Medir la laicidad de un país consiste en mirar cuatro cosas comprobables (quién paga, quién nombra, qué se enseña y qué se exhibe en los edificios públicos), no en contar cuánta gente cree.