Laicismo.

El término «laicismo» fue acuñado en 1871 por el pedagogo francés Ferdinand Buisson, en el contexto del proyecto de escuela pública republicana. Pero el texto de referencia que da forma jurídica al laicismo moderno es la «Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État», la Ley de Separación Iglesias-Estado de 1905, aprobada bajo la III República francesa.

La ley estableció dos principios capitales: el Estado no reconoce, no salaria ni subvenciona a ningún culto, y garantiza el libre ejercicio del culto. Esa es la fórmula clásica de la laïcité. Su lectura «liberal» se limita a la separación institucional: ni el Estado interviene en la doctrina religiosa, ni las iglesias intervienen en el poder. Su lectura «republicana» o radical (laïcard) extiende la separación al espacio público: prohibición de signos religiosos ostensibles en escuelas públicas (Ley de 2004 sobre velo, kipá, cruz visible y turbante), restricciones al velo integral en espacio público (2010), debate continuo sobre comedores escolares y piscinas.

España no es laica en sentido estricto. La Constitución de 1978, en su artículo 16.3, declara que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» pero añade que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Es la fórmula de la «aconfesionalidad cooperativa», contrapuesta tanto a la confesionalidad franquista como al laicismo radical francés.

En el test, esta tensión se mide en el eje religioso. Cs encarna en su retórica la posición laicista clásica (reformulación racionalista heredera de Locke y Voltaire); PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG son seculares con distinta intensidad; PP y Vox son confesionales en sentido cooperativo; Núcleo y Falange son confesionales fuertes; AC es ambivalente (defiende tradición católica catalana pero rechaza el confesionalismo islámico).